Citan a declarar a los policías por las detenciones al término de la marcha por Santiago Maldonado

EL JUEZ FEDERAL MARCELO MARTÍNEZ DE GIORGI IMPUSO EL SECRETO DE SUMARIO EN LA CAUSA QUE INVESTIGA LOS INCIDENTES Y LA REPRESIÓN POLICIAL OCURRIDOS TRAS LA MARCHA POR LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO Y ORDENÓ MEDIDAS DE PRUEBA, ENTRE ELLAS LA DECLARACIÓN DE LOS POLICÍAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTERVINIERON EN LAS 31 DETENCIONES EL VIERNES ÚLTIMO.

El magistrado resolvió que los policías declaren como testigos pero no los convocará a los tribunales federales de Retiro sino que el trámite se cumplirá en las comisarías donde prestan servicios, explicaron fuentes judiciales.

Las medidas ordenadas habían sido pedidas por el fiscal del caso, Ramiro González, luego de que ayer a la madrugada fueran liberados 30 de los 31 detenidos, quienes siguen imputados por distintos delitos y cuya situación procesal deberá decidir el juez en los próximos días.

El magistrado ordenó el secreto de sumario y dispuso que declaren los policías que aparecen en las actas de las detenciones. Además, se recopilarán imágenes tomadas por cámaras de seguridad de los comercios de la zona, por canales de televisión y reporteros gráficos y por "domos" instalados desde la zona de Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional el viernes 1º de septiembre a la noche y en la madrugada del sábado 2.

Tanto en el juzgado como en la fiscalía consideraron que no se aportaron elementos concretos sobre los motivos de las detenciones ni sus "circunstancias". Por ello, el fiscal pidió de manera "urgente" que los policías declaren para "indicar cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora, y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en las detenciones, señalando si desde que se observó a la persona luego detenida hasta que se la detuvo transcurrió algo de tiempo y si se fue modificando el lugar".

También la Policía de la Ciudad deberá hacer un "compilado" de las 24 horas de filmación de los hechos que se entregaron a la Justicia, en unos ocho cds. El objetivo será verificar "a través de este material la participación de los imputados yo terceras personas en los daños ocasionados a los bienes públicos y/o privados objeto de ataque", remarcó el fiscal.

También requirió que se revise con peritos médicos a los por lo menos 15 policías que se reportaron heridos en el marco los incidentes para establecer qué tipo de lesiones sufrieron, su grado de gravedad y la fecha de vuelta a su trabajo.

Los sumarios que recibieron antes de ayer los funcionarios judiciales, incluyen descripciones generales de los hechos, sin aportar precisiones, remarcaron los investigadores.

Los detenidos por los incidentes registrados en la zona de Plaza de Mayo y del Congreso tras la masiva manifestación del viernes en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado fueron liberados ayer a la madrugada pero sobre todos sigue abierta la investigación por supuestas "lesiones leves y graves, daños, intimidación pública y resistencia a la autoridad".

En el marco del expediente, Martínez De Giorgi ordenó además que se tomen las huellas dactilares de la única persona que sigue detenida en la causa, un ciudadano que se cree es colombiano y cuyo documento de identidad era falso. Esta persona primero declaró ser venezolana, algo que se comprobó era falso, luego se desdijo y dijo provenir de Colombia.

Ayer por la mañana, en declaraciones formuladas a la ultraoficialista radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, anunció que la Ciudad "se presentará como querellante" en la causa por los destrozos cometidos por vándalos en inmediaciones de la Plaza de Mayo. Así lo hizo al dar detalles del operativo que el Ejecutivo de la ciudad lanzó para la limpieza de la zona, con la participación de voluntarios (ver nota aparte en esta misma edición). 

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, lamentó hoy que "unos 100 o 200 violentos" hayan "empañado" la marcha del viernes en Plaza de Mayo para pedir la aparición de Santiago Maldonado y aseguró que la Policía del distrito actuó para detener los destrozos y proteger a quienes participaban de la manifestación y se estaban retirando a sus casas.

"Hubo una manifestación donde hubo mucha gente y se desenvolvió en paz. Al final, cuando quedaba poca gente en la plaza (de Mayo), 100 o 200 vándalos violentos que empezaron a tirar piedras y destrozar el espacio público y comercios, y es ahí donde actuó la policía para impedir", dijo Santilli en declaraciones radiales.

En tanto, la abogada referente de la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, dijo que el juez federal Marcelo Martínez de Giogi "tiene diez días para proceder al sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento" de los liberados por los incidentes en Plaza de Mayo tras la marcha. 

"Advertimos (en las indagatorias del domingo) una primera cuestión gravísima porque no coinciden los lugares donde la policía dice que detuvo a las personas con los lugares donde realmente fueron detenidos, y eso lo podemos corroborar", planteó la abogada en declaraciones radiales.

Tras la represión del viernes, organismos de Derechos Humanos exigieron la renuncia de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón

EL PEDIDO ES TRAS EL VIOLENTO ATAQUE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL VIERNES EN PLAZA DE MAYO. LO HACEN DE LA MISMA FORMA EN QUE YA HAN SOLICITADO LA RENUNCIA DEL JEFE DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD, PABLO NOCETI.

Luego de la violenta represión ocurrida el viernes pasado, durante la marcha multitudinaria y pacífica que congregó miles de personas en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, los organismos de derechos humanos pidieron la renuncia de la beoda ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Bullrich Luro Pueyrredón.

"El viernes 1 de septiembre, el pueblo se expresó con meridiana claridad a un mes de la desaparicion forzada de Santiago Maldonado, las plazas de todos el país fueron la caja de resonancia de la pregunta que millones de argentinos y ciudadanos del mundo le hacemos al gobierno argentino: ¿Dónde está Santiago?", expresó un texto que fue firmado por una docena de organismos de derechos humanos.

"En la Plaza de Mayo, la plaza de las MADRES, ABUELAS Y FAMILIARES y de todas las luchas populares, fuimos más de doscientos cincuenta mil los que nos unimos en una sola voz, la voz de la familia y en una sola identidad, la de defensores de los derechos humanos", agregan el comunicado.

"El gobierno no sólo no ha contestado los muy concretos reclamos de la famllia Maldonado, sino que montó un escenario post movilización que convenientemente potenciado por los medios de comunicación, busca borrar nuestro reclamo y continuar desapareciendo a Santiago", continúa.

"El operativo represivo ha puesto a decenas de jóvenes en condición de detenidos incomunicados y sometidos al agravio de un Poder que se revela más y más autoritario y provocador", añaden los los organismo de Derechos Humanos. 

"Como ya hemos solicitado la renuncia de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y jefe del operativo en Cushamen, hoy nos hacemos eco de las palbras pronunciadas por la familia Maldonado: 'A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado'. Asimismo exigimos el apartamiento e investigación de los gendarmes que participaron en el operativo represivo y volvemos a reiterar nuestro pedido urgente de reunión con Marcos Peña", sostienen en otro párrafo del comunicado.

"Por nuestro lado seguiremos convocando a la movilización poppular, apelando a todos los recursos jurídicos, institucionales, e internacionales para que aparezca Santiago, que liberen a Milagro y a todos los presos políticos y que cesen las campañas de amenazas negacionistas y represoras", concluyen.

El texto fue firmado por las siguientes organizaciones de DDHH: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte

Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Preocupación en el régimen por el impacto de los incidentes del viernes y crece el fastidio con Bullrich Luro Pueyrredón

LA ROSADA MANDÓ A MEDIR LA REACCIÓN. LA BEODA MINISTRA SUMÓ MOLESTIAS AL DIFUNDIR LA AUTORA DE LAS AMENAZAS CONTRA LA INFANTA ANTONIA.

En el régimen macrifascista mandaron a medir el impacto de los incidentes y la represión de la Policía de la Ciudad al término de la marcha organizada el viernes en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

Mientras un sector del Ejecutivo defiende a rajatabla al accionar de las fuerzas de seguridad en la Plaza, otro sector mira con preocupación cómo escala el tema del joven desaparecido durante un operativo de la fuerza de seguridad contra los mapuches.

El sector que defiende el modus operandi de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón señala que "la gente pide orden" y que la represión del viernes le "suma" a la alianza de derecha Cambiemos.

Sin embargo, otros ministros creen que las imágenes del viernes no reflejaron "orden" sino que dejaron una sensación más propia de otras épocas. "Son imágenes de lo viejo, del 2001 o de antes", indicaron en un sector del régimen.

Para colmo Bullrich Luro Pueyrredónsumó molestias en la Rosada tras anunciar de manera inconsulta que habían detenido a la autora de las amenazas contra la infanta Antonia, hija menor de Mugrizio Macri. La detenida, Carolina Pavlovsky resultó ser no sólo prima hermana del histórico vocero de Macri sino una paciente psiquiátrica. A Pavlovsky la debieron ir a buscar a una clínica de salud mental de Castelar.

"Patricia no puede tomar distancia de las cosas", señalaron en la Rosada. Creen que la ministra se quiso anotar un poroto para congraciarse con Macri a sólo un día de los incidentes en Plaza de Mayo y complicó aún más su situación al abalanzarse en la detención y el anuncio sin consultar.

Interna por la ONU

La borracha hija de puta arrastra además una interna por los veedores de la ONU en el caso Maldonado. La semana pasada, el ministerio de Justicia de Germán Garavano recibió a Amerigo Incalcaterra, Alto Representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que la ONU pueda prestar colaboración en la investigación de Maldonado.

La familia de Maldonado está pidiendo participar de la comisión y el régimen dice que no tiene nada que ocultar, por lo que pide avanzar con los veedores y permitir que la familia participe.

Pero el viernes la ex montonera enfureció y le exigió a la Rosada que no avanzara esa comisión, puesto que el CELS de Horacio Verbitsky buscaba entrometerse de esta manera para "operar" en la ONU y obtener información para perjudicar al régimen.

El viernes la Rosada la bancó, pero tras los incidentes, que tuvieron un impacto negativo para el régimen en los medios internacionales -que no titularon con los incidentes sino con el pedido de la aparición de Maldonado- ahora empezaron a dar marcha atrás.

Opuesto a la línea dura que encarna Bulrrich Luro Pueyrredón, Garavano señala que hay que seguir el modelo de México, que aceptó una comisión de la ONU tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

No es la única interna que atraviesa Garavano por estas horas. Debió interceder para que en el Congreso no frenen la integración de la Comisión Nacional de la Tortura, que debe designar a sus miembros que provienen del parlamento.

El senador radical Ángel Rozas se oponía a los candidatos enviados por el Ejecutivo y recibió el reto tanto del Ejecutivo como del presidente provisional, Federico Pinedo. Es que el PRO ya había llegado a un acuerdo incluso con el peronismo, que por medio de Juan Manuel Abal Medina pedía por un hombre del CELS. Pero luego de que Rozas accedió, se nombró en el Comité al sobrino de "Quino", Diego Lavado de Mendoza, ahijado de Ernesto Sanz.

Sin embargo, las trabas provinieron por parte de otro radical, Francisco Mugnolo, que es procurador penitenciario desde hace años y llegó a ese cargo gracias a Raúl Alfonsín. Mugnolo trabó la conformación del comité tras impugnar a quien iba a ser el titular del Comité, el ex funcionario kirchnerista Enrique Font.