Mauricio Macri le dio luz verde al traslado de ministerios al sur porteño. Los números y los protagonistas de la operación.
El Ejecutivo porteño sumó otros 120 millones de pesos para concretar su mudanza al sur de la Ciudad. La mayor parte de ese dinero se ejecutará en 2015 aunque, para organizar el traslado, la administración macrista contrató en forma directa a una empresa que redactará los pliegos licitatorios que permitan poner en funcionamiento las nuevas sedes.
Dentro del gobierno porteño, y especialmente en el interior de un puñado de ministerios, ya se vive una cuenta regresiva que comenzará a fines de enero próximo, cuando un conglomerado de oficinas públicas sea trasladado a la vieja fábrica de bizcochos Canale, ubicada sobre el 300 de la avenida Martín García, frente al Parque Lezama.
Alrededor del edificio ya comenzaron los trabajos de refacción y embellecimiento para ocupar una pieza arquitectónica que la administración PRO no compró. El macrismo alquiló la propiedad por 197.870.324 de pesos a la firma AB Consultora SA, a un promedio de 5,5 millones de pesos mensuales o unos 66 millones anuales.
La operación implicará la mudanza de cinco ministerios porteños a un edificio que la comuna deberá devolver a sus propietarios. Sin embargo, el año que viene el Estado capitalino también dedicará 58.496.012 pesos a la "readecuación integral del Edificio Parque Lezama" y otros 59.248.000 de pesos para el "traslado de las instalaciones de las sedes administrativas del gobierno porteño". Ambas cifras totalizan 117,7 millones de pesos adicionales que la comuna desembolsará para concretar el "Plan de Relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Los dos montos, que significan más del 50% del alquiler del edificio, figuran dentro "Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2015-2017", que forma parte del proyecto de ley para el Presupuesto del año próximo, que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larrata, envió el 30 de septiembre a la Legislatura porteña.
El plan de cuentas para el año próximo todavía no fue aprobado dentro del recinto, aunque los legisladores porteños se preparan para una serie de maratónicas sesiones que podrían llegar hasta el 20 de diciembre de este año. Dentro de las cifras que la comuna todavía no ha difundido, el gasto total para el traslado de las sedes será de 63,3 millones de pesos: este año la comuna ya desembolsó 4.100.000 pesos para avanzar con la mudanza, pero el resto será pagado en 2015. En el caso de la readecuación del edificio alquilado frente a Parque Lezama, hasta ahora ya se destinaron otros 4.100.000 pesos, pero el año entrante será pagado el resto.
Mientras esos gastos esperan su aprobación dentro del Presupuesto 2015, la Jefatura de Gabinete porteño, al mando de Rodríguez Larreta, junto con el subsecretario de Planeamiento de Control de Gestión, Franco Moccia, también firmaron la contratación directa Nº 2051-0195-CDI14, por 3.970.720 a favor de Contract Rent SA, autodefinida como "la única empresa regional especializada en el diseño y construcción de espacios de trabajo, capaz de ofrecer una solución integral a las organizaciones que enfrentan la necesidad de ampliar, refuncionalizar o trasladar sus oficinas".
De acuerdo con la adjudicación que figura en el expediente Nº 15.502.883-MGEYA-DGTALMJG/14, la contratación de esta empresa incluye la compra de todo su protocolo de trabajo para trasladar y la sede porteña. En eso consisten "los servicios de Consultoría e Implementación del plan de Change Management (Comunicación Positiva del Cambio), asesoría para la planificación e instrumentación de la Logística de mudanza, incluyéndose el servicio de post ocupación; y asesoría para la planificación, armado de pliegos e implementación del Servicio de Integrated Facility Management (Mantenimiento y operación integral de inmuebles)".
"Las autoridades del GCBA menosprecian los recursos humanos del Estado. Se la pasan tercerizando muchísimas cosas que tranquilamente podrían hacer los trabajadores y dejan en manos de terceros obras y gestiones de interés público", acusó Facundo Di Filippo, legislador porteño con mandato cumplido.
Para Di Filippo se trata de una operación sospechosa. "Esta empresa no tiene dentro de sus clientes a ningún gobierno ni ente estatal, salvo al Banco Ciudad, donde realizó por lo menos ocho obras, y siempre bajo la gestión de funcionarios vinculados al actual gobierno, entre 2009 y 2013".
La segunda operación para este mes en curso implicará el desembolso de otros 4.150.000 millones de pesos que no serán entregados por contratación directa, sino mediante la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1752/SIGAF/2014. Su resultado final estará listo el próximo 12 de diciembre, cuando se conozca al ganador de la "Contratación de un Servicio de Mudanza de computadoras, Documentación de uso Diario y Elementos de Trabajo del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Para el legislador de la Coalición Cínica Maximiliano Ferraro, "hay una falta de planificación estratégica grave y permanentemente se ven avances y retrocesos, consecuencia de no actuar en forma seria y organizada. Lo mismo que ocurre con la fábrica de Canale pasa con el nuevo centro de exposiciones o la terminal sur".
A pesar de realizar una cuantiosa inversión para volver funcionales las instalaciones, si al término de dos años y medio la Ciudad decide hacer uso de la opción de compra por la otrora fábrica de bizcochos, "en ningún caso y bajo ningún concepto los importes abonados en concepto de alquiler podrán ser imputados a cuenta del precio de compra". Un negocio redondo para los dueños del inmueble que tienen otra propiedad en avenida Libertador al 2200. Según la base de datos Nosis, Rodríguez Larrata tiene una propiedad en ese mismo edificio.
El jefe de Gabinete porteño negó conocer a los dueños de la ex fábrica Canale y aseguró que el departamento pertenecía a su fallecido padre. El ministro coordinador defendió la mudanza y afirmó que le permitirá ahorrar $ 80 millones a las arcas porteñas por las diferencias de precio entre el centro y sur de la Ciudad. En referencia a las cuotas que el gobierno pagará por la locación de la ex fábrica de bizcochos y que no "podrán ser imputados a cuenta del precio de compra", afirmó que se trata "de un alquiler como cualquier otro".
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