PARA TERMINAR CON "LA INDUSTRIA DEL JUICIO", COMO LA LLAMAN DESDE EL MACRIFASCISMO, SE AGREGARON UNA SERIE DE MEDIDAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LOS TRABAJADORES.
El régimen macrifascistao envió este jueves al Senado un polémico proyecto de reforma del régimen de ART. Según el oficialismo, con esto intentan terminar con "la industria del juicio" y reducir los costos laborales empresarios.
El proyecto oficial ya fue previamente acordado con las principales cámaras sindicales, la conducción de la CGT y las aseguradoras del sistema.
Entre los ejes más polémicos se agrega el de las comisiones médicas jurisdiccionales, que serán las encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo. Y constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial.
De esta manera, dichas comisiones médicas tendrán la potestad de decidir sobre la salud de un trabajador. Y de esta manera, las empresas tendrán un importante filtro para reducir costos laborales.
Este agregado se encuentra establecido en el Título I de la iniciativa que entró a la Cámara alta. El Poder Ejecutivo quiere que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de "cosa juzgada" en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior. Al respecto, en el Anexo I del proyecto oficial se establece que "los actos de homologación de cosa juzgada administrativa en los términos y los alcances del artículo 15 de la ley 20.744" (Ley de Contrato de Trabajo).
Además, el proyecto crea un nuevo Servicio de Homologación, que funcionará en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales y tendrá la función de "sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, mediante las actuaciones y con intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo".
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