LEONARDO MARTÍNEZ HERRERO, EL ABOGADO DENUNCIANTE DE GABRIELA MICHETTI, SOLICITÓ AYER AL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO QUE SUSPENDA TODAS LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES EN LA CAUSA QUE INVESTIGA EL ORIGEN DEL DINERO ROBADO A LA VICEPRESIDENTa EN SU CASA HASTA QUE SE LE EXIJA A LA AFIP QUE ENTREGUE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LAS 22 PERSONAS CITADAS POR LA PROPIA DEFENSA DE LA ACUSADA.
El pedido de Martínez Herrero se produce días después que surgieran inconsistencias y nuevas sospechas en las testimoniales brindadas por personas cercanas a Michetti. Uno de esos testigos es Marcelo Eduardo Domínguez, el contador y amigo desde la época escolar de ambos en la ciudad de Laprida.
Domínguez confesó semanas atrás que aportó dinero a la Fundación SUMA en 2015, pero que nunca recibió un comprobante o recibo de ese depósito. "Aproximadamente en el mes de noviembre, a principios de ese mes y en una cena de amigos que hizo en su casa, Silvina (hermana de Michetti) nos pidió colaboración para la Fundación. Por eso, después de la cena yo le llevé un sobre con la colaboración, la cual era de $ 10.000", admitió ante la Justicia el contador.
Por este motivo, Martínez Herrero entregó en los tribunales de Comodoro Py un escrito donde se recuerda que el artículo 23 de la normativa 3.166/11 de la AFIP regula esos aportes, que según considero, en este caso podrían acarrear la comisión de algún tipo de delito. "Las donaciones en dinero se efectuarán observando las siguientes condiciones: a) Deberán realizarse, a nombre de los donatarios, mediante: 1. Depósito bancario. 2. Giro o transferencia bancaria. 3. Débito en cuenta a través de cajero automático. 4. Débito directo en cuenta bancaria. 5. Débito directo en cuenta de tarjeta de crédito", sostuvo el denunciante en su presentación.
En ese marco, el letrado alerta que lo hecho por Domínguez "resulta violatorio" de esa normativa, teniendo que cuenta que "no puede desconocer dada su condición" de Contador Público Nacional.
"Por eso solicito se pidan las declaraciones juradas ante la AFIP tanto del mencionado anteriormente como la de todos los testigos propuestos por la defensa a los efectos que se pueda constatar que hayan declarado en sus respectivas DDJJ las donaciones efectuadas, toda vez que no surgen recibos de dichas contribuciones y aun de ser así resultarían pasibles de haber incurrido como mínimo en una infracción fiscal", reclamó Martínez Herrero.
Otra de los testimonios inconsistentes que aparecieron en la causa N° 9.938/2016 fue el del arquitecto Eduardo Manuel Raposo. El profesional dijo ante los funcionarios de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 que hizo una reforma a la casa de Michetti y que tampoco hubo un comprobante o recibo de pago. "No me acuerdo el monto exacto de todos los materiales que se compraron para la obra, y no quiero decir una cosa por otra. Con relación a mis honorarios, debo decir que me persigue Gabriela para pagarme porque no le cobro nunca, después le voy pasando diversos montos. En esta obra creo que cobré $ 15.000. El pago fue en efectivo y no le hice ningún recibo, hay como ese nivel de confianza para que no le firme recibos", expresó bajo juramento ante la Justicia. "He hecho factura alguna vez pero no en este caso. Creo que no tengo factura de esta", agregó.
En este caso, para Martínez Herrero la "conducta desarrollada" por el arquitecto Raposo "pudiera encontrarse incursa el delito de evasión impositiva, en la cual también podría haber llegado a incurrir la imputada".
Por estas inconsistencias, el letrado pidió que se incorporen al expediente las Declaraciones Juradas ante la AFIP de los testigos aportados por Michetti, a "los efectos de constatar que hayan asentado" en las mismas "las donaciones efectuadas". Pero además, requerió que "se suspendan las declaraciones testimoniales hasta tanto obren en los actuado las DDJJ de los testigos donde conste el asentamiento en las mismas de las donaciones a la Fundación Suma".
"La solicitud de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP es a lo efectos de evitar una dilación con las testimoniales, toda vez que si no existen comprobantes, ni se han asentado las donaciones en las DDJJ presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, solo se trataría de testigos amigos y dependientes de la imputada que intentarían justificar el dinero que estaba en su domicilio, aun reconociendo que lo habrían recaudado en forma no permitida y prohibida por la AFIP", justificó el abogado.
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