ADEMAS ACLARÓ QUE LA ACTUAL PRESIDENTA DE BRASIL NO ESTA ACUSADA DE "NINGÚN CRIMEN".
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se reunió ayer con Dilma Rousseff, manifestó su preocupación por la "credibilidad" de quienes decidirán si será sometida a juicio político. "Preocupado con la credibilidad de algunos de aquellos que juzgarán y decidirán el proceso" contra Rousseff, escribió en su cuenta de Twitter.
También advirtió que Rousseff "está siendo juzgada de una forma diferente: ella no es acusada de ningún crimen". El ex canciller uruguayo respaldó así la posición del Gobierno, que califica el proceso contra la mandataria de "golpe" y niega que haya cometido algún "delito de responsabilidad", como se definen en la Constitución brasileña las causas que pueden llevar a destituir a un mandatario.
Según la acusación, Rousseff incurrió en administración fraudulenta al cambiar el destino de algunas partidas presupuestarias durante el ejercicio fiscal 2014-2015, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. El Gobierno, sin embargo, sostiene que todo fue hecho dentro del marco legal.
Almagro fue recibido por Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, al mismo tiempo que en la vecina sede del Parlamento el pleno de la Cámara de Diputados celebraba la primera de las tres sesiones en las que definirá si el proceso avanza a la instancia definitiva del Senado.
La votación será mañana y, en caso de que la oposición consiga los 342 votos necesarios para impulsar el proceso, la iniciativa pasará al Senado, que decidirá si se da curso o no al juicio político.
En ese caso, Rousseff sería separada del cargo durante 180 días, mientras se sustancia el proceso, y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, a quien el Gobierno acusa de destituyente.
El trámite ha sido retomado después de que la Corte Suprema rechazara la demanda presentada por la procuración General del Estado, que pedía anular parte del proceso por "vicios procesales".
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