La ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, aseguró que "no hay ningún compromiso" con las personas que ocupan el lugar. El juez de la Ciudad Gabriel Vega, en tanto, sostuvo que no se llegó a un acuerdo.
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| Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ciudad |
La ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, Carolina Stanley, aseguró ayer al mediodía que desde el ejecutivo porteño "no hay ningún compromiso" con los vecinos que ocuparon tierras para reclamar la construcción de viviendas y descartó la entrega de subsidios.
Vencido el plazo de negociación entre el gobierno y los vecinos, Stanley sostuvo que "nosotros tenemos una postura clara: no damos subsidios en función al pedido de usurpadores. No hay ningún compromiso en particular con esta gente. Podemos entender la necesidad, pero no hay posibilidad de que negociemos cuando están usurpando".
En tanto, tras el fracaso de la negociación, el juez de la Ciudad Gabriel Vega sostuvo que no se llegó a un acuerdo debido a que un minúsculo grupo de vecinos no aceptó la propuesta.
"Ya transcurrio el plazo, el fiscal me anticipó que dará por caído el acuerdo y se ordenará el desalojo. La hora la voy a resolver luego de escuchar a todas las partes", explicó Vega, quien además precisó que "hay una crisis de representatividad dentro de los habitantes de la villa, hay un grupo muy radicalizado que no quiere saber nada con lo acordado".
En tanto, Manuel, uno de los delegados de los vecinos que toma un terreno lindero a la villa 20 afirmó que "la gente no quiere salir, la propuesta del juez no la aceptaron". Sólo un pequeño grupo de personas se retiraron del predio voluntariamente tras ser censados.
Ante la consulta de que fue lo que pasó con las negociaciones que venían llevando desde el miércoles, indicó que "no hubo ningún acuerdo, sólo fueron propuestas" y explicó que hay gente que ya tiene sus viviendas en el terreno y no se quiere mover.
Por su parte, Vega dijo ayer a la mañana que firmó "500 certificados" de compromiso de construcción de viviendas y subsidios de alquiler para la transición y afirmó que las planillas del listado de familias con problemas, recabado por las autoridades del gobierno porteño, serán elevadas en cinco días ante la Justicia.
"Necesitamos que ustedes colaboren y hagan su parte. No pongan en riesgo a sus hijos (ante un eventual desalojo por parte de las fuerzas de seguridad", sentenció el juez, en diálogo con los vecinos antes los medios.
Tras las negociaciones del miércolesr donde se llegó a un entendimiento, ayer a la mañana a primera hora se cayó el acuerdo con los vecinos que ocupaban el terreno. Si bien por la noche se habían comprometido a abandonar el predio en manera pacífica, los delegados de los vecinos afirmaron que sin la firma del juez, del fiscal y de altos funcionarios del gobierno de la Ciudad en la propuesta que obtuvieron ayer no se moverán del lugar.
"Sin una propuesta firmada por un alto funcionario (del gobieno de la Ciudad) y el juez no hay acuerdo", afirmó uno de los delegados de los vecinos a los medios.
En cuanto a la propuesta en sí, adelantó que lo que propusieron es hacer el saneamiento de tierra, se va a contratar a la misma gente para que construya su vivienda y un subsidio de alquiler. Al respecto, sostuvo que su postura se debe a que "nos quieren sacar con el mismo censo que dieron en el Indoamericano y no pasó nada después".
Las familias que ocupan un predio reclaman certificados firmados por autoridades del gobierno de la Ciudad con el compromiso de construcción de viviendas y subsidios de alquiler para llevar a cabo el desalojo de los terrenos.
Manuel, delegado de los ocupantes, advirtió que "nos dieron fotocopia de la propuesta, pero nosotros queremos certificado firmado por las autoridades del compromiso de limpiar las tierras y hacer viviendas, además del subsidio de alquiler para el mientras tanto".
La situación
El conflicto comenzó el lunes por la noche cuando decenas de familias de la villa 20, lindera al predio, comenzaron a ocupar los terrenos de siete hectáreas de extensión, propiedad del gobierno de la ciudad pero que había sido utilizado por la Policía Federal como depósito de automóviles.
Durante la toma fue asesinado un hombre que presuntamente discutió por los metros de terreno que le pertenecían a cada ocupante, ya que se realizó un loteo y se instalaron carpas.
El fiscal Carlos Rolero, el miércoles por la mañana ordenó el desalojo, pero luego el juez en lo contravencional porteño Gabriel Vegas instó al diálogo entre funcionarios del gobierno porteño y los vecinos, el cual se concretó el mismo miércoles, pero los ocupantes rechazaron el acuerdo ya que les exigían retirarse para continuar con las negociaciones.
Los vecinos piden que se cumpla lo acordado en la ley 1770, en la que se especifica que el Gobierno de la Ciudad debe construir viviendas para los habitantes de la villa 20, para lograr la urbanización de ese asentamiento.
Marcelo Chancalay, uno de los vecinos protagonistas de la toma, precisó que "todos tenemos derecho a una vivienda digna y en este caso el gobierno porteño es el responsable directo de explicar por qué no puso en marcha leyes sancionadas por la Legislatura".
Las familias que ocupan los terrenos superan las 200 y en el ingreso por Fernández de la Cruz seguía apostado un grupo de vecinos con palos, a modo de guardia, mientras a unos 300 metros hay efectivos de distintas fuerzas de seguridad en actitud de espera.
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