DOS COMISARIOS DE LA SECCIONAL 7ª, EPICENTRO DEL CONFLICTO ENTRE MANTEROS Y EL RÉGIMEN FASCISTA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, FUERON PROCESADOS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
A fines de 2016, el juez Hernán López procesó a varios policías de la comisaría 7ª, ubicada en el barrio de Once, incluyendo a dos comisarios acusados de enriquecimiento ilícito y corrupción. Entre los hechos que se les atribuyen, se encuentra el pedido de coimas y extorsión a los manteros de la zona para autorizarles el comercio en la vía pública.
Los fundamentos de los procesamientos se conocieron en medio del conflicto que mantiene el régimen fascista porteño con los manteros, que fueron desalojados en un violento operativo durante la madrugada del martes.
La causa por la que los comisarios Carlos Lucione y Osvaldo Tapia fueron procesados se remonta a 2008, pero desnuda las entrañas de la corrupción policial, anclada en viejas prácticas recaudatorias extorsivas y de connivencia con el delito.
Para López, tanto Lucione como Tapia no fueron capaces de demostrar cómo aumentaron su patrimonio -entre los que se incluye un yate y una casa en Cariló- durante su actividad como comisarios de la 7ma, en cuya comisaría, según el expediente, funcionaba un sistema de recaudación aceitado en el que manteros, comerciantes y vendedores de celulares robados debían pagar coimas. El juez de Instrucción señaló que los uniformados recibieron "en su calidad de miembros de la Policía Federal Argentina -más precisamente en el momento en que cumplieron funciones en la Seccional 7ª- indebidamente sumas dinerarias de parte de distintos comerciantes de la jurisdicción de aquella Comisaría".
Las coimas "eran cobradas por Pablo Aksiuk y/o personal de la Brigada de Prevención de la Comisaría 7ª de parte de los comerciantes, en contra de su real voluntad, y a cambio de más seguridad en la zona; de permitir el libre comercio; y del permiso para el ingreso de mercadería ilegítima (vgr. ropa de marca falsificada, perfumes importados carentes de documentación respaldatoria, etc.) que luego era ofrecida a la venta".
El magistrado probó, a través de testigos protegidos, que los “los vendedores ambulantes de la jurisdicción también entregaron dádivas a personal de la Brigada de la Comisaría 7ª a cambio de permiso para vender sus productos en la avenida Pueyrredón, entre las calles Valentín Gómez y Bartolomé Mitre, así como los que venden productos comestibles en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles 'Once de Septiembre', y los que lo hacen los días de fin de semana".
La extorsión alcanzaba, según uno de los testigos, a los “senegaleses, los cocacoleros, los cafeteros, y los que vendes garrapiñadas”. Los policías también recaudaban a través de algunos comercios de venta de celulares, que entregaron dinero a cambio de que los agentes de la Federal se abstuvieran de detener a los autores de los robos de los teléfonos.
Otra forma de recaudación era a través del control de la mercadería que se acopiaba en el barrio. Según se desprende del procesamiento, los “comerciantes arreglan y hacen un pago a la brigada para que les permitan” descargar mercadería cuya declaración ante la Aduana no se condice con el contenido de los containers. “Mientras que en los remitos solía decir billeteras, muñecas, sommier o cosas similares, en realidad, dentro del container, había perfumes o ropa de marca falsificada”, indicó uno de los testigos.
El legislador de Bien Común, Gustavo Vera, indicó que esta causa “es una muestra sobre cómo funciona la recaudación policial en toda la ciudad: administrando el delito y extorsionando a personas en situación de vulnerabilidad, que les terminan pagando para poder trabajar”.
“Es paradójico que justo que hablan de combatir la corrupción ascienden a Héctor Valdivia, un comisario que pasó por la Comisaría 7ª, es decir, que sabe perfectamente y fue partícipe de este modelo de policía”, amplió Vera.
Para el legislador porteño, el régimen porteño opta por una “salida fascista a un problema que afecta a mucha gente que no tiene trabajo, muchas veces explotada por los talleres clandestinos y por la propia policía que, como se vio en este procesamiento, utiliza a los manteros para recaudar e enriquecerse”.
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