“Una afrenta a la memoria, la verdad y la Justicia”

INTEGRANTES DEL CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS SEÑALARON QUE “LA LIVIANA Y DESAPRENSIVA APRECIACIÓN (DE MACRI) SOBRE LOS 30 MIL DESAPARECIDOS” INDICA “UNA NEGACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO COMO PLAN SISTEMÁTICO DE EXTERMINIO”.

Responsables de las áreas derechos humanos de ocho provincias realizaron un pronunciamiento conjunto en el que consideraron las últimas declaraciones de Mugrizio Macri sobre la dictadura como “una afrenta a la memoria, la verdad y la justicia”. 

Se trata del tercer comunicado emitido durante el año por una parte de las autoridades del Consejo Federal de Derechos Humanos. Los anteriores se hicieron al finalizar los dos encuentros nacionales del consejo realizados este año, donde mostraron el disenso que una parte de las autoridades del país tiene respecto de las políticas públicas y de derechos humanos del gobierno. Ahora, y a diferencia de esos pronunciamientos, este es el primer comunicado que sacan en clave “urgente”, por fuera de los encuentros federales.

“Las respuestas del presidente Macri son una afrenta a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es lamentable constatar la estrecha y a la vez peligrosa visión del presidente Macri, ofensiva y contraria a derecho. Su concepto de ‘guerra sucia’, sostenida por la Doctrina de la Seguridad Nacional y la dictadura para justificar el terror represivo, y la liviana y desaprensiva apreciación sobre los 30 mil desaparecidos, indican una negación del terrorismo de Estado como plan sistemático de exterminio llevado a cabo por un aparato criminal estatal, con la colaboración civil, eclesiástica y empresarial”, señalan en el primer párrafo y agregan que “con esto, Macri cuestiona la calificación de lesa humanidad de los actos cometidos por el poder represor e introduce la caracterización de la ‘teoría de los dos demonios’, con sus consecuencias jurídicas, éticas y políticas de descalificar los procesos judiciales terminados, en camino o por comenzar, tendiendo desde la máxima responsabilidad pública un manto de impunidad y la reivindicación solapada del Estado terrorista".

El comunicado exhibió el campo de tensiones al interior del Consejo Federal de Derechos Humanos. Ese ámbito, que durante años logró emitir dictámenes por consenso luego de cada encuentro nacional, no pudo hacerlo desde el cambio de gobierno. El primer plenario se hizo en marzo. Congregó a secretarios, subsecretarios o responsables de esas carteras de 23 de las 24 provincias. Como consecuencia de una agenda “marcada desde Nación”, señalan algunos, no pudo ser discutido y aprobado el reglamento que debe definir, entre otras cosas, cómo es el pronunciamiento final. Por eso, 12 de los 19 representantes de las provincias que estuvieron presentes hasta el final consensuaron y decidieron sacar un “pronunciamiento independiente” en clave crítica a las políticas de Estado pero aún en tono preventivo. En julio se realizó el segundo congreso, en Tucumán, también con 23 provincias. Hacia el final, nuevamente sin reglamento ni dictamen, 11 provincias emitieron un segundo documento, profundamente crítico. Incluyó cuestionamientos a las detenciones domiciliarias de represores, las facultades cedidas a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial, también se refirió al deterioro de la situación social y laboral. De ese bloque de provincias salió el nuevo comunicado. Firmaron Lilia Marien Marchesini como ministra de derechos humanos de Misiones, Hugo Figueroa como secretario de derechos humanos de Santiago del Estero, Délfor Brizuela de La Rioja, Horacio Pietragalla de Santa Cruz, Hernán Velardez como director del área en Catamarca, Juan Carlos Goya de Chaco, Erica Brunotto de Tucumán y Matías Germano de Entre Ríos. No firmó La Pampa, como sí lo había hecho hasta ahora. Y otros dos no respondieron.

“Estamos constantemente informándonos sobre lo que está pasando y nos vamos comunicando”, dijo Pietragalla y añadió que “la idea es tener reacción ante cada aberración que vayan cometiendo, porque cada política nacional hoy afecta a las provincias, que son las que están en contacto con las políticas directas de sitios de la memoria, con los querellantes, las causas, el territorio”.

Brizuela, uno de los redactores de los primeros borradores, explicó que “vamos en dirección a un momento en el cual quienes hoy están gobernando reivindiquen completamente la teoría de los dos demonios, pero además que se pongan en jaque los juicios por la extensión de un sentido común o por la adecuación de los integrantes del Poder Judicial a los nuevos tiempos, como estamos viendo en el juicio del Operativo Independencia. De algún modo, el Gobierno está sincerando que representa los mismos intereses económicos y las mismas medidas que tomó por ejemplo Martínez de Hoz aunque tenga la legitimidad del sufragio”.

Hugo Figueroa, de Santiago del Estero, se expresó en esa línea. “Es importante resaltar que se está dando un debate interno en el Consejo Federal porque somos responsables de áreas de derechos humanos en nuestros lugares y eso nos obliga a pronunciamientos públicos sobre ciertas líneas de acción del gobierno nacional. A partir del primer encuentro creamos el grupo a través del cual nos estamos comunicando, pero en este caso hicimos un pronunciamiento por las declaraciones de Macri a la periodista mexicana porque entendemos que no lo podemos dejar pasar”, dijo y puntualizó que “lo más preocupante ahora es el vaciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia y lo digo por los arrestos domiciliarios de los genocidas ya condenados, pero también por expresiones del Presidente sobre la ‘guerra sucia’ que, como dijimos en el documento, son una justificación del genocidio. Pese a lo que salieron a decir funcionarios como (Claudio) Avruj o (Federico) Pinedo, lo preocupante es el pensamiento de Macri sobre la dictadura. Su actitud displicente con el número de los 30 mil es otra evidencia de su no compromiso con esto. Que se da en otros aspectos, como cuando discursivamente dice ‘pobreza cero’, pero sus medidas económicas alimentan más la pobreza”.

La presencia o ausencia de las firmas que fueron apareciendo en cada pronunciamiento no responde (solo) a posiciones personales. Entran en juego las relaciones provincia-Nación y las presiones sobre las segundas líneas de funcionarios. El próximo encuentro del Consejo Federal se hará en noviembre en Bariloche. En el camino están previstos encuentros regionales en agosto y septiembre. Las noticias de la semana pasada hicieron que uno de los integrantes del bloque independiente proponga el llamado a una reunión extraordinaria del Consejo. De momento, eso aún no prosperó.