sábado, 20 de agosto de 2016

Revocaron sobreseimiento de Lombardi y lo investigarán por defraudación

LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA REVOCÓ EL SOBRESEIMIENTO DICTADO AL TITULAR DEL SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS HERNÁN LOMBARDI Y OTROS ACUSADOS EN UNA CAUSA POR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS RELACIONADOS A UNA FUNDACIÓN DEL PRO, EN UN HECHO DENUNCIADO CUANDO EL FUNCIONARIO ERA MINISTRO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

La Sala II de la Cámara indicó que es "prematura" la desvinculación de los distintos imputados en la causa y compartió el criterio del fiscal Diego Velazco que dijo que "la existencia de diligencias pendientes de producción impide arribar a un pronunciamiento definitivo como el recurrido, imponiéndose por ende la revocación de lo decidido".

Si bien la denuncia original era por supuesto lavado de activos, el fiscal consideró que esa hipótesis debe ser descartada pero que debe investigarse bajo otra figura legal, por lo que luego se analizará la competencia del juez Ariel Lijo que dictó los sobreseimientos.

Además de a Lombardi, Lijo había sobreseído a Matteo Goretti Comolli, presidente de la fundación "Pensar Argentina", Facundo De Almeida, integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad, todos habían sido imputados por el delito de lavado de activos.

La causa se inició en septiembre de 2015, a raíz de la denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Según la fiscal Paloma Ochoa en su requerimiento de instrucción, Goretti Comoli, "valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural de la CABA -Ley N° 2264- reunió recursos del GCABA (al menos $ 1.302.153) por intermedio de actos administrativos dictados por Hernán Lombardi en su rol de ministro de Cultura del Gobierno capitalino".

La investigación pretendía determinar, según Ochoa, si Goretti Comolli utilizó a la Fundación "Centro de Estudios Políticas Públicas Aplicadas" (CEPPA), que también presidía, como una plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La misma se formalizaba a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación "Pensar Argentina" y cuyo unívoco objeto consiste en ser la usina de ideas del partido PRO, conforme reza su página web.

Tras el sobreseimiento dictado por el juez Lijo, el fiscal de Cámara Diego Velasco sostuvo el recurso pero descartó la hipótesis de lavado de dinero. En cambio consideró que sí se debía continuar investigando si hubo otro delito, como defraudación.

Velasco había señalado en su dictamen que durante la investigación "comenzó a establecerse que a través del régimen de mecenazgo cultural se habría producido una defraudación a la administración pública, perniciosa a las arcas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Ahora la Sala II de la Cámara Federal ordenó seguir investigando al considerar "prematuro" el cierre  de la cusa y sobreseimientos dispuestos por Lijo.

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