ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ASOCIACIONES CIVILES DENUNCIARON EL "DESGUACE" DE LA LEY DE MEDIOS, DEROGADA POR MUGRIZIO MACRI MEDIANTE UN DECRETO EN DICIEMBRE PASADO.
Como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital decretadas por Mugrizio Macri a poco de haber asumido la Presidencia, distintos organismos llevaron su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar un "desguace".
Esto ocurrió en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada a cabo ayer, en la que los representantes en nombre del Ejecutivo y 18 grupos de la sociedad civil se cruzaron fuertemente.
"El Gobierno ha decretado la ley de la selva en la que los grandes jugadores se quedan con todo y dejan a la sociedad civil sin nada", denunció en nombre de las organizaciones el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.
El encuentro formó parte del 157º período de sesiones que lleva adelante la Comisión, tras el pedido realizado por un grupo de organizaciones civiles, instituciones académicas y cooperativas, entre otras, que dialogaron cara a cara con representantes del Estado argentino que asistieron con una delegación encabezada por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj.
El Estado contó también con las participaciones de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; del experto en la materia Eduardo Bertoni, ambos a su vez ex relatores especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del ENACOM, Silvana Giudici.
Ante la CIDH, con sede en Washington y órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), los peticionarios argumentaron que los decretos proclamados el pasado diciembre por Macri favorecen la concentración de medios, benefician al Ejecutivo y a las grandes empresas y coartan a grupos de la sociedad civil, como universidades, pueblos indígenas, medios comunitarios y asociaciones sin ánimo de lucro.
"Se ha suprimido la voz, el voto y la participación de la sociedad civil", consideró Verbitsky al referirse a los cambios. Sin embargo, en nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, defendió los decretos de Macri porque cierran la "etapa de discrecionalidad" de Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo enfrentamientos por esta ley con el grupo Clarín, el mayor conglomerado mediático de Argentina.
Asimismo, Avruj señaló que uno de los compromisos más desafiantes que ha asumido el régimen de Mugrizio Macri en materia de derechos humanos es la restitución del pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, en contraposición con las graves restricciones en esa materia que tuvieron lugar bajo la conducción del anterior gobierno.
“Como ustedes saben bien, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina, con periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios”, sostuvo el funcionario. Sobre el cambio que se propone el nuevo gobierno, sostuvo que “a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a ala prensa”.
Por decreto, Macri intervino en diciembre de 2015 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), dos entes creados por las leyes kirchneristas para regular medios y telecomunicaciones. En esa intervención, Macri apartó al entonces titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, a quien el Ejecutivo acusa de haber usado la ley "para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros".
En reemplazo de la AFSCA y la ATIC, el régimen macrifascista creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que asumió las competencias de los otros dos organismos.
La Cámara de Diputados de Argentina avaló el último miércoles los decretos de Macri y también respaldó el plazo de un año para que una comisión -cuya creación fue decretada en diciembre- elabore un proyecto de ley de reforma para actualizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y unificarla contra legislación.
Por ello el régimen cuenta con un año en el que espera recibir los aportes de la CIDH y, además, escuchar durante la fase de consulta los aportes de las organizaciones peticionarias, según dijo Eduardo Bertoni, exrelator especial para la libertad de expresión de la CIDH que compareció como experto para apoyar al Estado.
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