Se trata de Guillermo Pereyra, quien dispuso un paro total de actividades en la empresa Halliburton para reclamar contra la contratación de trabajadores extranjeros. "Contratan mexicanos, bolivianos y estadounidenses y evitan contratar gente de acá", argumentó.
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, cuyo secretario general es el senador nacional Guillermo Pereyra, acaba de disponer un paro total de actividades en la empresa Halliburton de Neuquén para reclamar contra la contratación de trabajadores extranjeros.
Pereyra, quien representa en la Cámara Alta al Movimiento Popular Neuquino (MPN), afirmó que Halliburton "trae gente de Bolivia, de México, de los Estados Unidos y de Colombia evitando contratar gente de acá".
Pereyra llegó cuestionar también la contratación de ingenieros de otras provincias, argumentando que la huelga está motivada porque "también trajeron a dos ingenieros de la Universidad de La Plata, cuando acá tenemos los mejores egresados de ingeniería del petróleo de la Universidad Nacional del Comahue".
Según el artículo 1º de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, constituye una discriminación racista o xenófoba "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública".
En tanto, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo define a la discriminación laboral como "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación".
En muchos estados, la iniciativa es también una conducta tipificada como delito. La Comunidad Europea aprobó en 2008 una Directiva contra el racismo y la xenofobia, otorgando un plazo de dos años a sus países miembros para adaptar sus legislaciones a la nueva regulación, que debe contemplar como delito penado con hasta tres años de cárcel a "la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo definido en relación con la raza, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico".
En la Argentina, la Ley de Migraciones regula el derecho a trabajar de las personas migrantes en igualdad de condiciones con las nacionales. La admisión para ingresar o permanecer en el país y los derechos reconocidos con esa admisión están ampliamente regulados en esa disposición, de modo que el ingreso legal lo coloca en igualdad de condiciones de acceso al trabajo que al resto de los nacionales.
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