El secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, contrató sin licitación varias veces a la misma empresa para la adquisición de armas, y pagó muy caras las 9 mm. que usan los policías porteños. Dudas y negocios.
La historia se repite. Hace poco más de un año, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, a cargo de Guillermo Montenegro, fue objeto de una denuncia penal por presunto cohecho y administración fraudulenta por una compra de armas por contratación directa para la Policía Metropolinazi. El hecho está siendo investigado por la Justicia, y el ministro se encuentra bajo la lupa. Sin embargo, pese al dolor de cabeza que significó esa compra de pistolas marca Beretta a la empresa Trompia SRL, el funcionario autorizó una operación similar el 14 de julio pasado. Y, como era de esperar, otra vez está bajo sospecha. Todo indica que es un asunto en el que prefiere tropezar con la misma piedra.
Según la Resolución Nº 530 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Nº 4472, el pasado 22 de julio, se aprobó la contratación directa de 500 pistolas marca Beretta a un costo por unidad de 1.130 euros. El monto total de la compra asciende, por lo tanto, a los 560.000 euros, unos 6.226.300 pesos. Una compra millonaria, sin licitación previa, que favoreció nuevamente a Trompia SRL. Una modalidad de gestión que se repite en distintas áreas del gobierno porteño y que viene siendo denunciada, sin mayores consecuencias, por dirigentes de la oposición local.
De acuerdo a la resolución, la compra se realizó por contratación directa porque este tipo de pistolas, que en un principio habían sido pensadas para que las utilizaran sólo las mujeres que integran la Metropolitana, es el más conveniente. El diagnóstico sobre los beneficios de estas pistolas se basa en un informe del área balística de la misma Policía Metropolinazi. Además, se desprende de la resolución que la empresa Trompia SRL, propiedad de Ennio Modestini y con sede central en Rosario, provincia de Santa Fe, es el representante oficial y exclusivo, habilitado para vender dicha pistola en el país. Es decir, el gobierno porteño y cualquiera que quiera adquirir esa 9 mm estaría obligado a comprarle al mismo proveedor.
Según información relevada por la diputada porteña del Frente para la Victoria Claudia Neira, el Ministerio de Seguridad argumenta que “el sistema de seguros de estas pistolas aumenta la seguridad personal del portador y de terceros involucrados”. Sin embargo, para la legisladora “no se entiende por qué en la Argentina las Beretta se venden a un valor casi tres veces más caro que en el resto del mundo. Más allá de sus beneficios, lo que no se entiende es por qué se paga más por algo que puede salir más barato”.
El año pasado, el gobierno porteño oficializó una compra similar de 400 pistolas Beretta PX4 Storm a la misma empresa por 1.130 euros, por un total de 452.000 euros. Entonces, legisladores opositores denunciaron que en el mercado de armas el precio de esas pistolas rondaba los 439 euros por unidad. Incluso existen en el mercado otras amas, como la Bersa Thunder o la Sig Sauer, que existen en el mercado nacional y que son utilizadas por las fuerzas de seguridad de varios países a un precio muy inferior al que elige pagar Montenegro. Un valor unitario que ronda los 450 euros, o sea, entre 4.500 y 5.000 pesos. Esas constataciones derivaron, el año pasado, en una denuncia penal contra Montenegropor parte del diputado Alejandro Bodart, del MST, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En ese marco, Bodart también informó que se habían realizado al menos otras ocho compras directas, por valores similares del mismo tipo de pistolas, sin llamar a licitación pública, aun cuando la Auditoría General porteña había informado que existían otras opciones, más económicas y también eficaces, disponibles en el mercado.
Según la Resolución Nº 530 del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Nº 4472, el pasado 22 de julio, se aprobó la contratación directa de 500 pistolas marca Beretta a un costo por unidad de 1.130 euros. El monto total de la compra asciende, por lo tanto, a los 560.000 euros, unos 6.226.300 pesos. Una compra millonaria, sin licitación previa, que favoreció nuevamente a Trompia SRL. Una modalidad de gestión que se repite en distintas áreas del gobierno porteño y que viene siendo denunciada, sin mayores consecuencias, por dirigentes de la oposición local.
De acuerdo a la resolución, la compra se realizó por contratación directa porque este tipo de pistolas, que en un principio habían sido pensadas para que las utilizaran sólo las mujeres que integran la Metropolitana, es el más conveniente. El diagnóstico sobre los beneficios de estas pistolas se basa en un informe del área balística de la misma Policía Metropolinazi. Además, se desprende de la resolución que la empresa Trompia SRL, propiedad de Ennio Modestini y con sede central en Rosario, provincia de Santa Fe, es el representante oficial y exclusivo, habilitado para vender dicha pistola en el país. Es decir, el gobierno porteño y cualquiera que quiera adquirir esa 9 mm estaría obligado a comprarle al mismo proveedor.
Según información relevada por la diputada porteña del Frente para la Victoria Claudia Neira, el Ministerio de Seguridad argumenta que “el sistema de seguros de estas pistolas aumenta la seguridad personal del portador y de terceros involucrados”. Sin embargo, para la legisladora “no se entiende por qué en la Argentina las Beretta se venden a un valor casi tres veces más caro que en el resto del mundo. Más allá de sus beneficios, lo que no se entiende es por qué se paga más por algo que puede salir más barato”.
El año pasado, el gobierno porteño oficializó una compra similar de 400 pistolas Beretta PX4 Storm a la misma empresa por 1.130 euros, por un total de 452.000 euros. Entonces, legisladores opositores denunciaron que en el mercado de armas el precio de esas pistolas rondaba los 439 euros por unidad. Incluso existen en el mercado otras amas, como la Bersa Thunder o la Sig Sauer, que existen en el mercado nacional y que son utilizadas por las fuerzas de seguridad de varios países a un precio muy inferior al que elige pagar Montenegro. Un valor unitario que ronda los 450 euros, o sea, entre 4.500 y 5.000 pesos. Esas constataciones derivaron, el año pasado, en una denuncia penal contra Montenegropor parte del diputado Alejandro Bodart, del MST, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En ese marco, Bodart también informó que se habían realizado al menos otras ocho compras directas, por valores similares del mismo tipo de pistolas, sin llamar a licitación pública, aun cuando la Auditoría General porteña había informado que existían otras opciones, más económicas y también eficaces, disponibles en el mercado.
“Es evidente que todo lo que ha hecho Montenegro con el tema armas esconde corrupción”, afirmó Bodart en diálogo con esta revista. El legislador porteño confirmó que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño hace rato que está pagando de más por estas pistolas que “en Estados Unidos se consiguen a un tercio del precio que paga el PRO”. El diputado precisó que desde la cartera que conduce Montenegro explicaron que se compran estas armas porque quieren “uniformar” al cuerpo. Es decir que todos los efectivos utilicen el mismo armamento. “Una decisión innecesaria –añadió Bodart–, ya que otras fuerzas de seguridad utilizan hasta tres armas reglamentarias en la Argentina y en todo el mundo”.
Los cruces entre Bodart y Montenegro son un clásico. De hecho, el diputado no sólo denunció el caso de las pistolas Beretta, sino que pidió informes al ministro por la compra de chalecos, por los gastos en publicidad, las cámaras de seguridad y por la contratación de un asesor colombiano. “La actuación de Montenegro siempre linda con la corrupción”, aseguró sin vueltas Bodart y subrayó que “la empresa en cuestión (Trompia SRL) fue contratada por primera vez porque la propuso el ‘Fino’ Palacios”.
La primera denuncia vinculada a la compra de estas armas por parte del Ministerio de Seguridad porteño data de 2009. Entonces, en la denuncia por el pago de sobreprecios se aseveraba que Ennio Modestini, propietario de Trompia, tenía un vínculo personal con Jorge “Fino” Palacios, designado por Mugrizio Macri para crear la Metropolinazi y procesado por escuchas ilegales y en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA. La empresa en cuestión es contratista estatal y también cerró jugosos contratos con la provincia de Buenos Aires y con Santa Fe, además de los que tiene con la ciudad.
Hasta ahora, desde el gobierno porteño rechazan las acusaciones y explican que como se trata de armas no se pueden comprar sin cumplir determinadas normas de seguridad que, según dicen, la contratista cumple. También les achacan a los opositores al macrismo ser “poco serios” a la hora de hacer denuncias.
A esta altura, resulta evidente que a pesar de las sospechas por la compra irregular de las pistolas Beretta, como en el caso de las denuncias por el accionar violento de la Metropolinazi en el Indoamericano y en el Hospital Borda, a Montenegro nunca le entran las balas.
Los cruces entre Bodart y Montenegro son un clásico. De hecho, el diputado no sólo denunció el caso de las pistolas Beretta, sino que pidió informes al ministro por la compra de chalecos, por los gastos en publicidad, las cámaras de seguridad y por la contratación de un asesor colombiano. “La actuación de Montenegro siempre linda con la corrupción”, aseguró sin vueltas Bodart y subrayó que “la empresa en cuestión (Trompia SRL) fue contratada por primera vez porque la propuso el ‘Fino’ Palacios”.
La primera denuncia vinculada a la compra de estas armas por parte del Ministerio de Seguridad porteño data de 2009. Entonces, en la denuncia por el pago de sobreprecios se aseveraba que Ennio Modestini, propietario de Trompia, tenía un vínculo personal con Jorge “Fino” Palacios, designado por Mugrizio Macri para crear la Metropolinazi y procesado por escuchas ilegales y en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA. La empresa en cuestión es contratista estatal y también cerró jugosos contratos con la provincia de Buenos Aires y con Santa Fe, además de los que tiene con la ciudad.
Hasta ahora, desde el gobierno porteño rechazan las acusaciones y explican que como se trata de armas no se pueden comprar sin cumplir determinadas normas de seguridad que, según dicen, la contratista cumple. También les achacan a los opositores al macrismo ser “poco serios” a la hora de hacer denuncias.
A esta altura, resulta evidente que a pesar de las sospechas por la compra irregular de las pistolas Beretta, como en el caso de las denuncias por el accionar violento de la Metropolinazi en el Indoamericano y en el Hospital Borda, a Montenegro nunca le entran las balas.
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