sábado, 26 de agosto de 2017

Odebrecht: ordenan la inhibición general de bienes del "Corcho" Rodríguez

EL JUEZ FEDERAL SEBASTIÁN CASANELLO DISPUSO AYER LA INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES DEL EMPRESARIO JORGE "CORCHO" RODRÍGUEZ, EN EL MARCO DE UNA CAUSA QUE SE INVESTIGA EL PAGO DE SOBORNOS POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA BRASILEÑA ODEBRECHT EN EL PAÍS.

Rodríguez está sospechado de ser un lobbista a favor de la empresa brasilera y el nexo con los funcionarios argentinos que cedieron la obra pública: puntualmente en este expediente se investigan presuntos sobornos y sobreprecios en las obras de Odebrecht en la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Zárate, que encargó AySA.

Según se sospecha, el contrato para las mejoras de ese edificio tuvo un sobreprecio estimado de 300 millones de pesos, al tiempo que también se investigan posibles irregularidades en el cobro por los trabajos realizados por la constructora en la Planta Depuradora del Bicentenario en el Municipio de Berazategui.

En el caso, Casanello ordenó una medida cautelar sobre los bienes de Rodríguez, sin alcanzar a su grupo familiar, ante la sospecha que el empresario podría estar "insolventándose" para resguardar su patrimonio de futuras medidas judiciales.

Rodríguez hasta el momento quedó en la mira por viajes con directivos de Odebrecht que realizó entre 2012 y 2013 cuando la constructora ya se había adjudicado la obra del soterramiento del Sarmiento y la de AySA.

Una de las sociedades de Rodríguez habría recibido más de 10,8 millones de dólares entre 2012 y 2014 por parte de Odebrecht, que se cree que fueron utilizados para pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, entonces a cargo de Julio De Vido, de acuerdo con un artículo periodístico publicado en los últimos días por el pasquín ultraoficialista y poco creíble La Nazión.

El empresario reconoció haber trabajado como lobbista para Odebrecht, aunque siempre negó las acusaciones que lo señalan como el intermediario de la compañía para efectuar coimas a funcionarios de los países en los que tenían a cargo obra pública, como sospecha la Justicia. 

La entidad está involucrada en la megacausa de corrupción conocida en Brasil como "Lava Jato", en la que se la acusa de realizar negociaciones ilícitas en al menos 12 países: en la Argentina, la constructora consiguió la licitación para extender las redes troncales de gas, el de AySA-Paraná de las Palmas y el del soterramiento del tren Sarmiento, entre otras.

Por otra parte, Casanello remitió exhortos a Panamá y Uruguay para rastrear una serie de operaciones bancarias con empresas offshore utilizadas para canalizar los presuntos sobornos.

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