LA CHAQUEÑA PIDE PRISIÓN EMPRESARIOS. NEGRI UN TRIBUNAL. LOS LLAMADOS DE JOSÉ TORELLO.
A sólo 4 días de haber asumido, Mugrizio Macri se puso serio ante cúpula de la UIA, que brindaba por su llegada en la quinta de Olivos. “Por más que no tenemos ningún Moreno ni lo vamos a tener, como gobierno tenemos las herramientas necesarias para corregir cualquier abuso de precios”, buscó intimidarlos el flamante presidente.
Pasado casi medio año de aquel brindis, los aliados del régimen creen que Macri estaba equivocado: Elisa Carrió y Mario Negri presentaron proyectos para supervisar más de cerca a los formadores de precios y aplicarles duras sanciones si abusan de una posición dominante.
El proyecto de la desquiciada chaqueña, denominada “Ley de defensa de competencia”, establece penas de entre 2 y 8 años de prisión para los responsables de “fijación, concentración o manipulación de venta”, como también a los culpables de “aumento artificial e injustificado de los precios de venta o compra de bienes o servicios”.
En una reunión con los referentes del interbloque de Diputados de la alianza de derecha Cambiemos Carrió adelantó que se desmarcaría de la línea oficial de Macri de quitarles responsabilidad a los empresarios en la formación de precios. “Ellos son los mismos y la inflación bajará conmigo”, repitió el pelotudo en varias entrevistas.
Los diputados del PRO sí parecen convencidos de esa tesis: ninguno firmó el proyecto de Carrió ni el de Negri, que propone la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia para recibir denuncias de abusos de precios.
La iniciativa, en realidad, fue presentada hace dos años por Martín Lousteau, con la firma de varios radicales y la propia Carrió. No prevé prisión para incumplimientos sino penas económicas de hasta 980 salarios mínimos, un monto que difícilmente intimide a los empresarios más poderosos.
El proyecto de Negri lo subscribieron sus correligionarios Miguel Bazze, Jorge D’Agostino y Soledad Carrizo y Fernando Sánchez, ladero de Carrió. “Es muy probable que terminemos confluyendo en un proyecto único. La idea no es otra que controlar a quienes tienen posición dominante en productos de consumo masivo”, confió D’Agostino.
“Está claro que en estos meses hubo formadores de precios que instruyeron porcentajes especulativos. El consumidor no es responsable. Es víctima”, agregó el entrerriano.
El problema del régimen es que con estas iniciativas abrió el debate sobre su responsabilidad en la alta inflación del último semestre, en un Congreso donde tiene clara minoría.
Se tratarán en la comisión de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, presidida por la massista Liliana Schwindt, quien las incluirá en el próximo temario para que, a viva voz, los diputados de Cambiemos decidan qué hacer.
Se trata de una de las comisiones más concurridas estas semanas por las visitas de empresarios de primera talla como los líderes de las telefónicas, que el martes fueron a negar problemas de conectividad.
También se comprometieron a asistir los directivos de Metrogas y de Edusur. A los diputados de Cambiemos no les convence exponerse ante esas visitas públicas: ninguno preguntó nada, aun cuando el Gobierno no está en la mejor relación con los directivos de Claro, Telecom y Telefónica.
El principal interlocutor con la Casa Rosada es el diputado Pablo Torello, vicepresidente segundo de la comisión y hermano de José, jefe asesores del régimen y uno de los mayores confidentes de Macri. Sus pares ya se acostumbraron a una sola respuesta ante cada consulta: “le tengo que preguntar a mi hermano”.
La consulta sobre cómo afrontar una nueva embestida de Carrió, ahora acompañada de los radicales, no será nada fácil, porque el kirchnerismo y el massismo ya planean tirarles sobre la mesa un dato incómodo: muchos de los controles exigidos por Carrió ya serían facultades del Secretario de Comercio Interior, o sea, del nuevo Moreno.
Son ni más ni menos que las herramientas de las que hablaba Macri en aquella ya lejana recepción a los industriales en la quinta de Olivos. ¿Y entonces qué pasó?
La oposición apunta al Moreno de Macri, que es bien distinto a quien fuera el personaje más emblemático del kirchnerismo: Miguel Braun, sobrino de Federico, dueño de La Anónima, una de principales cadenas de supermercados del país. Esas que Carrió amenaza con prisión.
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