jueves, 13 de agosto de 2015

La Procelac denunció al presidente de la Suociedad Rural Argentina por presunto vaciamiento y defraudación

La denuncia sostiene que el grupo económico de Luis Etchevehere se autotransfirió siete inmuebles con el objetivo de “vaciar” la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná.


La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al Grupo Etchevehere, propiedad del presidente de la Suciedad Rural Argentina (SRA), Luis  Miguel Etchevehere, por presunta evasión tributaria.

La denuncia radicada en la Justicia sostiene que el grupo económico se autotransfirió siete inmuebles con el objetivo de “vaciar” la empresa SAER, editora de El Diario de Paraná.

Según consta en la acusación realizada por Procelac, los inmuebles en cuestión fueron escriturados a nombre de la empresa Construcciones del Paraná, una sociedad creada poco antes de concretar la operación “sin capacidad económica” para justificar tal adquisición.

Para justificar esa “autocompra”, afirma el organismo, la empresa requirió una serie de “ayudas económicas” provenientes de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) por 4,5 millones de pesos.

“Lo que aquí interesa indagar es acerca de las posibles consecuencias tributarias que emergen lógicamente de la simulación de los contratos investigados como así también si las simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere obligaciones tributarias no ingresadas al fisco”, sostuvo la denuncia del organismo que conduce Carlos Gonella.

Los hechos descriptos por la Procelac involucran al titular de la Suciedad Rural, sus dos hermanos, Juan Diego, presidente de la macrista Fundación Pensar de Entre Ríos; y Arturo Sebastián Etchevehere, directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), y a la madre de éstos, Leonor Barbero Marcial, todos ellos accionistas de la empresa Las Margaritas.

También ocuparon un rol central el contador del Grupo Etchevehere, Guillermo Budasoff, y el estudio de abogados conducido por Carlos Emilio Moro, de la ciudad de Paraná.

Una serie de correos electrónicos fechados entre julio de 2011 y junio de 2013, permiten apreciar la planificación llevada adelante por los denunciados. 

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