Lo anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof. "Pedimos que se suspenda de inmediato la aplicación de ese acuerdo", dijo el funcionario, y pidió que la Justicia "actúe de manera expedita" en defensa de los intereses del país.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció ayer en conferencia de prensa que la República Argentina pidió una medida cautelar para frenar la aplicación del acuerdo firmado entre el Citibank y los fondos buitre y le pidió a la Justicia que actúe "de manera expedita" en defensa de los intereses de los clientes del banco y del país.
El objetivo de la presentación judicial, según explicó Kicillof en conferencia de prensa, es que el acuerdo sea declarado "ilegal, nulo, inexistente en Argentina" y agregó que "también vamos a pedir que se declaren nulos todos los actos jurídicos que el Citibank Argentina tomó en aplicación de ese pacto firmado en Nueva York".
Sin embargo, indicó que "como los tiempos de la Justicia no nos aseguran que esto no tenga efectos nocivos para los clientes, pedimos una cautelar para que se supenda de inmediato la aplicación de ese acuerdo" y en ese sentido, sostuvo que es necesario "que la Justicia actúe de manera expeditiva y detenga todas las decisiones que emanan de ese acuerdo, que no tiene ninguna validez en el territorio argentino".
"Pedimos una cautelar en defensa de los clientes del Citibank, del propio sistema judicial argentino y, en fin, en defensa del país", subrayó el funcionario.
Entre los argumentos, Kicillof consideró que los fondos buitre llevan adelante "un proceso extorsivo" que afecta a los acreedores de la Argentina, y que ahora también "han extorsionado al Citibank". Para el ministro, lo que hizo el Citibank fue "firmar un pacto con el diablo el 20 de marzo, con los fondos buitre, para abandonar un negocio en Argentina".
"Esto tiene algo de deshonesto, los clientes pueden actuar contra el Citi, nosotros no lo incentivamos ni lo desalentamos", dijo y agregó que "el Citibank puede irse del país, decir que es una decisión autónoma y echarle la culpa a Argentina; pero en los hechos lo cierto es que van, se juntan con los buitres y hacen ese acuerdo en el que uno de los puntos es que dejen el negocio, es cuasi mafioso".
Por otra parte, se refirió a la cuestión del desacato y señaló que "Argentina no perdió el derecho de apelarlo; el fallo del juez Griesa no ha tenido ningún efecto práctico, fue política, hizo política el juez Griesa con esto".
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