Editorial
Desde hace varios años los portavoces de la oposición vienen reclamando al gobierno que se haga cargo de la existencia de la inflación y quejándose de la inexistencia de medidas tendientes a contener el alza de los precios. Pero cuando logra bordar un acuerdo de precios contener las remarcaciones por 60 días, los corifeos de las calamidades salieron raudos a condenar inmediatamente la medida y a vaticinar su fracaso.
Si bien es cierto que las acciones políticas sobre los precios no han tenido en el pasado un éxito absoluto, han servido al menos para paliar coyunturalmente los efectos de programas económicos que priorizan el nivel de actividad y el consumo por encima de la estabilidad.
Pero un gobierno que se niega por convicción y experiencia a adoptar medidas de ajuste que planchen los precios por la vía de una reducción del consumo, no tiene otra alternativa que el acuerdo de precios o el congelamiento compulsivo. De las dos posibilidades, eligió pactar una tregua.
Quienes en cambio reclaman que se restrinja la emisión monetaria y el gasto público están planteando en realidad un ajuste similar al que se aplica en Europa y que ya produjo en España cinco millones de desocupados. En Inglaterra, el ajuste en el gasto en salud hasta produce muertes evitables.
El procesado jefe de Gobierno porteño, Mugrizio Macri, acaba de solicitar claramente en declaraciones periodísticas "una política monetaria" y terminar con el "despilfarro", que es un eufemismo de reducir la emisión de moneda y los gastos, especialmente aquellos que tienen que ver con la contención social. "¡Basta de vagos que no quieren trabajar!", claman los que se oponen los planes sociales.
Lo que pretenden los opositores no es otra cosa que terminar con herramientas que fueron trascendentales para el proceso de contención e inclusión social, como la asignación universal para los chicos y la actualización semestral de las jubilaciones.
De ese modo, se reduciría notablemente el gasto público y se arrojaría a las cunetas sociales a millones de argentinos.
También se quejan de las discusiones paritarias anuales en las que se pactan aumentos salariales acordes con el objetivo de mantener o incrementar incluso el poder adquisitivo del salario, erosionado por el abusivo alza de precios que producen los empresarios y no el gobierno.
Cuando plantean reducir la emisión monetaria también están pidiendo que se reduzca la inversión en obras públicas que se financian en buena medida con esa creación de moneda y no con préstamos internacionales que la Argentina tomó en forma suicida en los 90, lo cual llevó al país a la explosión del 2001.
Una economía con menor consumo y menor inversión en obras públicas -llevada a sus extremos- devolvería al país al lugar en el que lo encontró Néstor Kirchner, cuando la tasa de desocupación superaba el 24 por ciento. Esto es como decir que una cuarta parte de las personas en capacidad de trabajar no tenían empleo.
El gobierno no cree que el incremento de precios esté impulsado por el déficit fiscal, ya que recuerda que hubo períodos de superávit o de equilibrio con tasas de inflación considerables. Piensa en cambio que la inflación es producto de la puja distributiva por obtener pedazos mayores de la renta nacional, lo cual es una expresión de la contradicción básica del capitalismo.
Es difícil asegurar que todos los alimentos mantendrán por dos meses el mismo precio que tenían al comenzar la semana, pero si el gobierno consigue al menos morigerar las expectativas en medio de la discusiones salariales, habrá obtenido un alivio para los consumidores castigados por el ajuste permanente.
También podrá demostrar que los corifeos de las calamidades que insisten con el fantasma del Rodrigazo, habrán fracasado una vez más. Y podrá sostener un modelo económico que prioriza el crecimiento y la inclusión social por sobre la estabilidad de precios.
Después de todo, los argentinos vivieron en la década pasada con tasas menores de inflación y saben por dolorosa experiencia que aquel ajuste sin anestesia -que se llevó empresas del estado, jubilaciones, educación, salud pública, empleos y las industrias- terminó en un verdadero desbarajuste.
Aquel modelo económico no es distinto al que proponen hoy quienes pretenden reducir la inflación suprimiendo el gasto público que se financia en cierta medida con la emisión monetaria que piden reducir.
Estas diferencias centrales son las que se jugarán en las elecciones de octubre en las que habrá dos modelos frente a frente. El del crecimiento y la distribución más justa del ingreso versus el del ajuste con paz en las góndolas.
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