EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PRESENTÓ FORMALMENTE ESTE VIERNES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, POR "MAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES" Y ANUNCIÓ QUE CONVOCARÁ A LA CIUDADANÍA A SUMARSE AL PEDIDO, EJERCIENDO EL DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES.
En su edición del último jueves, Currín adelantó la presentación que se realizó ayer por mesa de entradas de la Cámara de Diputados por parte del presidente de la entidad, Guillermo Lipera, quien confirmó que acercó además en mano el pedido al presidente de la comisión de Juicio Político de la cámara baja, Alvaro González del PRO.
Según Lipera -abogado de reconocida simpatía por el macrifascismo y por la última y sangrienta dictadura cívico militar-, Gils Carbó "no cumplió con la normativa que regula el proceso de nombramiento de los jueces" y precisó que el proyecto hace referencia a una serie de fallos de la justicia que sostiene la "irregularidad del accionar de la Procuradora" en la designación de nuevos magistrados.
"Si la Constitución Nacional le asigna que promueva la legalidad mal puede incurrir en ilegalidad a la hora de designar funcionarios", aseguró el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad a Télam, quien confió en que la iniciativa tendrá el "apoyo" de "todo legislador que haga fe al juramento que prestó en la Constitución".
El pedido de juicio político a Gils Carbó por parte de la entidad se suma a los planteos en ese sentido realizados por varios diputados del oficialismo, entre ellos la desquiciada Elisa Carrió (de la alianza de derecha Cambiemos) por la "ilegal designación de fiscales" y por su "parcialidad" en la promoción de investigaciones que involucran a funcionarios del régimen fascista de Mugrizio Macri.
Si bien el oficialismo aspiraba a aprobar este año la reforma a la ley de Ministerio Público, que buscaba acotar el mandato de la Procuradora, fue la propia Carrió que se opuso a esa iniciativa y logró frenar el debate del proyecto, al considerar "ilegal" ese procedimiento. En tal sentido, la enferma mental insistió en sostener que el mecanismo constitucional para desplazar a la funcionaria era el juicio político "y no un acuerdo corporativo y la redacción de una ley inconstitucional".
De todos modos, la cuestión sólo podría volver a plantearse recién el año próximo cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso. "Es un tema muy delicado y para hacer la presentación hoy analizamos todos los antecedentes y logramos hacer bien foco en cuál era la causa que correspondía, que es la de mal desempeño de sus funciones y, conforme a derecho, corresponde que se le haga juicio político", dijo Lipera ayer a la mañana en declaraciones radiales, en las que sostuvo que "el denominador común es que (la procuradora) no cumplió con las normas vigentes para designar fiscales".
Lipera dijo además que "la ciudadanía va a tener que entrar en juego", para lo cual "se dispondrá una página web en la que se podrá ejercer el derecho a peticionar a las autoridades para decirle a cada diputado de la Nación que impulsen el juicio político".
"Si no nos involucramos, no nos quejemos más. Lo único que estamos haciendo es recurrir a la única herramienta que conocemos y que es la ley", añadió.
Según adelantó, en la presentación se deja constancia de que "cuando ella asume, elimina el sistema de sorteos para integrar los jurados para calificar a los concursantes, que brindaba la mayor objetividad e imparcialidad posible de los concursantes y lo cambió por un sistema discrecional, en el que ella elegía quien integraba el jurado, y se repetían permanentemente".
"Muchos de esos fiscales designados tienen como misión la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Queremos fiscales que trabajen en serio", sostuvo Lipera y en ese marco, dijo que "el caso más emblemático es el de la Procelac", donde se nombró como titular a Carlos Gonella, que "no había participado de ningún concurso cuando era subrogante en una fiscalía de Córdoba".
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