Se trata de un escrito de carácter institucional en el que aportará elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de hechos que forman parte de la denuncia.
Así lo hizo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se reincorporará a sus tareas el próximo 22 y actualmente es reemplazado por su par Sebastián Ramos.
Ese juzgado tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada el 14 de enero pasado por el luego fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa Amia, quien fue hallado muerto en su departamento de la zona de Puerto Madero pocos días después.
En la presentación -de 68 páginas y 15 documentos probatorios-, la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (….) en el Código Penal”.
Además, señala que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía, y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”.
En este sentido, el escrito de la Procuración sostiene que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la Amia.
“El objetivo que persiguió el gobierno argentino a través de dicho acuerdo fue el de favorecer el progreso de la causa Amia, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”, consigna el escrito.
“Ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”, asevera el documento difundido por la Procuración, que ayer se presentó formalmente ante el Juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
Incluso, subraya que “todos los actos y medidas, y, en general, toda la actuación del Gobierno nacional en relación al Memorándum de Entendimiento, se ha ajustado al ordenamiento aplicable en la materia”.
Por otro lado, sostiene que el gobierno nacional, a lo largo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, “ha mantenido una postura enérgica y clara en el ámbito internacional, en particular en sus presentaciones ante la ONU, reclamando que la República Islámica de Irán brinde su colaboración efectiva para el esclarecimiento de las responsabilidades derivadas del atentado terrorista contra la sede de la Amia”.
Además, afirma que la Cancillería, en sus contactos con Interpol, “mantuvo en todos los casos una conducta coherente y clara, en el sentido de que la suscripción del Memorándum de Entendimiento no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol ni menoscabo alguno en las atribuciones del juez natural de la causa Amia para adoptar decisiones en tal sentido”.
En otro orden, la Procuración afirma que, a la luz de las pruebas, “queda desvirtuada la supuesta pertenencia a los cuadros de la Secretaría de Inteligencia de los señores Héctor Luis Yrimia y Ramón Allan Héctor Bogado, a quienes el doctor Nisman les atribuye el carácter de agentes de inteligencia que habrían 'operado' en representación del gobierno nacional en el marco del plan delictivo denunciado”.
La presentación realizada por la Procuración del Tesoro, adelantada antes de ayer públicamente por el propio organismo- tiene por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en relación con el Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán, refutando la denuncia de Nisman acerca de un supuesto acuerdo para dar de baja las notificaciones rojas de Interpol a cambio de negociaciones comerciales entre ambos países.
Entre las pruebas que la Procuración del Tesoro presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Daniel Rafecas, se cuentan diversas comunicaciones y notas intercambiadas entre el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, y la Cancillería.
Según se informó oficialmente, la presentación se efectuará en el marco de las normas orgánicas que delimitan las competencias y obligaciones de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Cuerpo de Abogados del Estado Nacional (Leyes Nros. 12.954, 17.516, 18.777, 24.946 –Título III- y 24.667; Decretos Nros. 34.952/47, 411/80 – texto según Decreto Nº 1265/87 y sus modificaciones).
A tal efecto, se publicó en la página web de la Procuración, no sólo la presentación que se efectivizará mañana con sus respectivos anexos documentales, sino también la denuncia que formulara el fiscal fallecido Nisman.
Todos los textos y documentos estarán disponibles en idioma español e inglés, concluye el comunicado:
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