El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, celebró la decisión de la Justicia de aceptar al organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como querellante en la causa que investiga el lavado de activos apropiados por un grupo de tareas que operó en la ESMA durante la dictadura militar.
"Esta decisión nos permite ser parte de la investigación y proponer acciones al fiscal, como la confiscación y decomiso de bienes apropiados por los grupos de tareas a los detenidos" en ese centro de tortura durante la dictadura militar, dijo Sbatella.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, aceptó la solicitud de la UIF en la causa N° 13.340/08 “Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ Delito de Acción Pública”, donde se investiga el negocio montado en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico militar, a partir del robo de bienes de los secuestrados.
En particular, se busca determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente por el represor en su carácter de jefe, y por otros miembros del grupo, a los que luego se les habría dado apariencia de legitimidad.
Según Sbatella, con los bienes que se despojaban ilícitamente a los secuestrados se crearon diversas empresas pantalla e inmobiliarias y se abrieron cuentas en el exterior, para canalizar la gran cantidad de fondos obtenidos.
Incluso, en el caso de Vildoza, pese a que está prófugo desde 1986, las investigaciones realizadas por la UIF dan cuenta que una de las sociedades creadas y utilizadas para materializar el lavado de activos sería una empresa de juegos de azar.
Esa sociedad fue señalada además como ex propietaria de los casinos Oshowia y Casablanca, que funcionaban en Tierra del Fuego, los cuales habrían sido originariamente constituidos con bienes apropiados en el ámbito de la ESMA.
Se advirtió además, por la identidad de sus integrantes, la relación de la empresa de juegos de azar con otras, donde "la ingeniería societaria estaría armada al sólo efecto de disimular el origen ilícito de los bienes".
Esos recursos fueron utilizados en principio para constituir las compañías y, luego de su transformación en entes comerciales, "para sacar provecho económico de ellas".
El titular del organismo antilavado señaló que "los delitos económicos perpetrados por la dictadura fueron llevados a cabo en el marco de un plan criminal perfectamente organizado, en el que las ganancias eran rendidas a la superioridad y luego administradas y repartidas por los miembros de la fuerza".
Según la Unidad, el carácter imprescriptible de la acción no sólo está dado por el robo de bienes en el ámbito de la ESMA, sino también por las ganancias obtenidas a partir de su explotación comercial a través de las sociedades, los casinos y las maniobras de lavado de activos desplegadas, a fin de otorgar licitud tanto a los bienes originarios como a los obtenidos a partir de ello.
En su solicitud de querellante, la UIF pidió además el aseguramiento de los bienes vinculados a Vildoza y su círculo íntimo y familiar, mediante el dictado de medidas de embargo, inhibición general de bienes, congelamientos de cuentas, así como el posterior decomiso de los activos.
La UIF colabora desde octubre del año pasado en la investigación sobre robo de bienes de la ESMA, donde en enero fue aceptada como querellante por el juez Sergio Torres, a cargo de la causa de instrucción por los crímenes en ese ex centro clandestino.
Así, la UIF ayudó a descubrir un entramado de empresas que actuarían como pantalla destinada a lavar el robo de bienes a partir de sociedades que están asentadas en el país, pero que no son rentables y viven de recibir inyecciones de dinero de las compañías que ellos mismos tienen afuera.
Por ello, la UIF presentó en la fiscalía de Eduardo Taiano un escrito en el que piden al fiscal que impulse la imputación por lavado de dinero a esas empresas.
"Si no se recurre al embargo rápido de estos bienes, sus apropiadores tienen el tiempo suficiente como para buscar la forma de deshacerse de estas sociedades", advirtió Sbatella.
El funcionario convocó también a quienes fueron víctimas de apropiaciones a hacer lo mismo y presentarse como querellantes en forma personal, "sin importar si fue mucho o poco" lo que perdieron.
El hecho de que la UIF haya sido aceptada como querellante en la causa por apropiación de bienes a secuestrados por la última dictadura constituye el primer antecedente para que el organismo pueda impulsar por lavado de dinero otras investigaciones, como la de la apropiación de la empresa Papel Prensa y el despojo a los hermanos Iaccarino, entre otras 600 causas.
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