El titular de una firma de Tartagal, que desde hace años es contratista de empresas petroleras con actividad en la región, denunció que Repsol ocultó durante años documentación sobre sus reservas para enfocar sus inversiones en Bolivia y vender el gas a la Argentina un 300% más caro.
Así lo sostuvo Miguel Francisco Esper, presidente de Perelco, empresa constructora de la zona de Tartagal, quien hizo llegar su denuncia al presidente de YPF, Miguel Galluccio, asegurando que mientras era propietaria de la petrolera renacionalizada, Repsol realizó maniobras con el fin de estafar al Estado argentino.
Según el diario El Tribuno, Esper es uno de los primeros contratistas norteños que hicieron relevamientos geológicos, perforaciones e instalaciones para Tecpetrol (Aguaragüe), Pluspetrol (Ramos), Pan American (Acambuco) y Refinor (Campo Durán).
El empresario indicó que existen documentos con "pruebas claras e irrefutables para rechazar cualquier demanda de Repsol en contra de la Argentina y que permitirían, asimismo, demandar a Repsol por defraudación, estafa, daños y perjuicios".
En ese sentido, dijo: "Tomé conocimiento de que todos los pozos perforados tienen registrados los materiales, secuencias y resultados obtenidos metro a metro. Esta documentación es la que tienen todas las empresas que trabajaron con Repsol guardadas bajo siete llaves y es preciso recuperar, con allanamientos judiciales, porque probarán que se actuó premeditada y fraudulentamente en contra de los intereses de la Nación argentina".
Por eso insistió en la urgencia de realizar esos allanamientos en empresas asociadas al grupo español, ubicadas en el departamento salteño de San Martín, que permitan recuperar esa documentación respaldatoria para una eventual demanda argentina.
Básicamente, la maniobra consistía en adquirir a empresas bolivianas vinculadas a la española gas a precios superiores a los que se extraen en pozos argentinos. Cada millón de BTU se paga en los yacimientos locales a un promedio de entre 2,50 a 3 dólares, mientras que la misma cantidad de gas que ingresa desde el sur boliviano a la refinería de Campo Durán cuesta casi 11 dólares, lo que era afrontado por el Estado argentino.
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