JUAN JOSÉ CHAPARRO DESMINTIÓ QUE EL JUEZ GUSTAVO VILLANUEVA HAYA ORDENADO INSPECCIONAR EL ÁREA DONDE FUE ASESINADO RAFAEL NAHUEL Y QUE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MAPUCHE HAYAN AGREDIDO A QUIENES FUERON A REALIZARLO. POR EL CONTRARIO, DESTACÓ EL CARÁCTER PACÍFICO DE LOS MAPUCHES Y SU PREDISPOSICIÓN A COLABORAR CON LA INVESTIGACIÓN.
El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, desmintió rotundamente que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu haya impedido que el juez Gustavo Villanueva, quien investiga la muerte de Rafael Nahuel, realizara peritajes en las cercanías del Lago Mascardi, donde el último sábado el joven de 21 años fue asesinado por la espalda en el marco de una represión del grupo Albatros de la Prefectura. “No es, como se dijo en algunos medios, que se quisieron hacer las inspecciones y los repelieron a piedrazos”, aclaró Chaparro, y aseguró que tiene “la certeza de parte del mismo juez”.
A cinco días de que Nahuel fuera baleado por la espalda, el obispo de Bariloche confirmó que “no hubo ningún intento de inspección” porque “el juez no la determinó todavía”.
"Yo tengo la certeza, de parte del mismo juez, de que no se hizo, porque al escuchar esa noticia dije '¿no me dijeron pese a que habíamos acordado como Iglesia que íbamos a ser convocados?", relató en declaraciones radiales.
En los últimos días, algunas versiones/operaciones periodísticas afirmaban que miembros de la comunidad habían agredido a funcionarios judiciales con piedras, cuando éstos intentaron ingresar a la zona. Incluso, al hablar de una “espiral de violencia” aseguraron, de forma errónea, que el objetivo de la medida era localizar vainas servidas en el terreno. Según los resultados de la autopsia fue una bala de 9mm, coincidente con la utilizada por el Grupo Albatros, la que ingresó en el cuerpo de Nahuel ese sábado.
“La justicia tiene que seguir sus pasos. Desde el primer día habíamos acordado que se hiciera un peritaje a la brevedad. La gente del lugar dijo que no iba a impedirlo si se hace de forma pacífica”, reafirmó Chaparro, quien resaltó, además, que él y otros miembros de la comunidad religiosa se habían ofrecido para acompañar la futura inspección. “El juez debe saber por qué no la hizo aún”, añadió.
Asimismo, repudió las acusaciones de buena parte del arco político contra la comunidad. “Que haya habido incidentes no significa que un colectivo entero sea violento”, evaluó, al ser consultado si conocía a integrantes de la RAM. En ese sentido, destacó su buena predisposición durante la mesa de negociaciones que se desarrolló en los últimos días para buscar una salida al conflicto, de la que participan además organizaciones sociales y el régimen macrifascista. “Las comunidades están en búsqueda del diálogo. Percibí su disponibilidad para salir del lugar, pero sostienen que tienen que hacer su duelo”, puntualizó.
Chaparro explicó además que el conflicto es producto de una “deuda y urgencia histórica” del Estado, que relacionó con el incumplimiento de la prorrogada Ley de Tierras para los Pueblos Originarios. “Pedimos su cumplimiento porque en el fondo es una ley vacía si no se lleva adelante su instrumentalización", consideró el obispo de Bariloche sobre la norma que dispone la suspensión de los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas hasta que se realice un relevamiento de esos terrenos.
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