VERÓNICA HEREDIA LE EXIGIÓ AL RÉGIMEN MACRIFASCISTA QUE RECONOZCA PÚBLICAMENTE LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL JOVEN Y QUE SE PIDA LA COOPERACIÓN Y ASISTENCIA DE LA ONU A TRAVÉS DE LA OFICINA REGIONAL DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, CON SEDE EN CHILE.
La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, se reunió ayer a la tarde con el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la sede de la de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires para exigir que el régimen macrifascista reconozca públicamente la desaparición forzada del joven y que se garantice la participación de la querella en la causa que encabeza la fiscal Silvina Ávila -que continúa bajo secreto de sumario-, y una "investigación independiente, pronta y exhaustiva".
Durante la reunión, que contó con la participación del titular de la Defensoría, Mario Coriolano, Heredia solicitó que un equipo de investigadores de ese organismo participe de la investigación -como ya ocurrió en el caso de la desaparición forzada de Iván Torres- y que también se pida la cooperación y asistencia de la ONU a través de de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Chile.
"Desde el primer momento, la familia está solicitando la conformación de un equipo de investigación a fin de garantizar su participación efectiva en el proceso, para eso solicitó la coloboración de Coriolano, que ya colaboró en el caso de Torres", explicó Heredia, quien fue abogada de la familia del joven desaparecido tras ser detenido y torturados por la policía de Chubut en octubre de 2003, y por cuyo caso la CIDH condenó al Estado en argentino en 2011.
En el encuentro, Heredia le entregó a Garavano la petición de la familia, en la que como primer punto se exige "el reconocimiento público del Gobierno de la desaparición forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la provincia de Chubut". Horas antes, el ministro de Justicia se diferenció de su beoda par de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, y señaló que "espera" saber si "intervino Gendarmería como dicen algunos testigos", al mismo tiempo que reconoció que "no hubo avances" en la investigación.
A 28 días de la represión de la Gendarmería tras la que desapareció Santiago, el petitorio de la familia solicitó que se garantice su participación en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, quien el jueves pasado solicitó, finalmente, que la causa quedara caratulada como "desaparición forzada", lo que válida la hipótesis de la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición del joven, pero mantuvo por otros diez días el secreto de sumario, que impide a la querella acceder al expediente.
Asimismo, la familia exigió que se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y los colaboradores que ellos convoquen, y que se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago.
Mientras tanto, la fiscal Ávila mantuvo un encuentro con la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a quien le solicitó refuerzo de personal para desarrollar la investigación y acuerdos institucionales para realizar nuevos peritajes. La fiscal de Chubut -en quien el juez federal Guido Otranto delegó la investigación- también mantuvo reuniones con la Procuvin, la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia y la dirección de víctimas, según confirmaron fuentes de la Procuración.
La familia Maldonado, a través de Heredia, acercó un último pedido al ministro de Justicia para que se "garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades".
Con ese objetivo, se solicitó que el Ejecutivo intervenga en el pedido de cooperación y asistencia técnica a la ONU, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Chile, que permita ampliar el grupo de expertos independientes que "supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación".
La ONU tuvo una reacción inmediata ante la desaparición del joven de 28 años. El 7 de agosto, a 6 días de la desaparición de Santiago, envió una comunicación al Gobierno de Mauricio Macri a través del Comité contra la Desaparición Forzada exigiendo “la acción urgente del Estado (...) y la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba", además de la separación de Gendarmería de la investigción. Recién el 10 de agosto, Otranto ordenó los primeros allanamientos sobre los escuadrones de la fuerza de seguridad nacional sospechada.
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