LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA CONFIRMÓ EL SEGUNDO PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA PARA LÁZARO BÁEZ POR LAVADO DE ACTIVOS POR 33 MILLONES DE DÓLARES Y ADVIRTIÓ QUE DEBE INVESTIGARSE LA EXISTENCIA DE UN "ACUERDO DE VOLUNTADES" PARA DELINQUIR ENTRE EL EMPRESARIO, LA EX PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y EL FALLECIDO NÉSTOR KIRCHNER.
"Es de sentido común avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico), y los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal", advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, según el fallo firmado ayer.
El Tribunal reiteró así una directiva dada al juez del caso, Sebastián Casanello, para avanzar en la llamada "ruta del dinero K" y volvió a criticar la manera en que lleva la causa, al confirmar la primera tanda de procesamientos vinculados al episodio de conteo de miles de dólares en una oficina de la financiera SGI en Puerto Madero.
El magistrado impuso ayer el secreto de sumario en la causa y ordenó 15 allanamientos en todo el país, según consignaron fuentes judiciales.
La Cámara confirmó ahora los procesamientos con prisión preventiva para Lázaro Báez y su abogadoJorge Chueco y sin prisión preventiva para Martín Báez, Julio Mendoza y Claudio Bustos, presidente y apoderado de la empresa insignia del grupo, Austral Construcciones, respectivamente.
Todos quedaron acusados por lavado de dinero a raíz de maniobras realizadas para reingresar al país 32,8 millones de dólares a través de la venta de bonos de deuda pública por medio de la firma Helvetic Service Group SA, cuya propiedad se adjudica a Báez.
Este dinero terminó depositado en cuentas del Banco Nación a nombre de Austral Construcciones mediante cheques endosados por Chueco, que figuraba como apoderado de esa empresa registrada en Suiza.
"Entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013 se reingresó al país desde Suiza una suma cercana a los 33 millones de dólares a través de bonos de la deuda pública argentina adquiridos por Helvetic Services Group S.A.", consideraron probado los camaristas y en este marco, acotaron que "el producido de su venta terminó depositado en cuentas de Austral Construcciones S.A.".
Chueco, contador de Báez, figuraba como apoderado de Helvetic y endosó los cheques. "Se acreditó que, con valores provenientes de Suiza, Helvetic compró los bonos 'Bonar X', 'Boden 2015' y 'Bonar VII' por un valor de 32.800.000 dólares", recordó el tribunal.
En este sentido, afirmó que, más allá de la cifra, "lo que trasluce es que la compra y venta de esos títulos fue un vehículo para transferir fondos desde el exterior ocultando, así, el verdadero origen de esas cantidades y así lograr posteriormente su confusión en la economía local".
En el fallo, los camaristas volvieron a advertir a Casanello, como lo hicieron al confirmar el procesamiento anterior, sobre su "enfoque cerrado" de la investigación y cuestionaron la delegación de la investigación que le hizo al fiscal federal Guillermo Marijuan para que se dedique a la llamada "ruta del dinero".
"Lo que tiene que investigarse son los hechos sucedidos pero sin limitarse a considerarlos o no como delito precedente de otro, porque de inicio se advierte la posibilidad cierta de que constituyan autónomamente otro que protege a la administración pública", consideró la Cámara.
También, reiteró que no deben dejarse de lado los aspectos vinculados al "enorme patrimonio" descubierto en "cabeza del grupo, reflejado en cuentas bancarias, empresas, propiedades, vehículos y muchos otros".
"Esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades puntuales que pudieron o no haber acaecido en cada contrato de obra pública", concluyeron.
Báez y su hijo Martín ya tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal por los miles de dólares contados en la financiera SGI, conocida como La Rosadita, y Casanello ya inició los pasos procesales para enviarlos a juicio por ese delito.
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