Al defender la iniciativa en el Senado, el jefe de Gabinete aseguró que la norma "no favorece ni pretende ir en contra de nadie" sino que busca que "todos tengan acceso a las comunicaciones".
Junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, Jorge Capitanich explicó que el proyecto de ley busca establecer que las redes sean consideradas "como un servicio público" ya persigue un único objetivo: "que allí donde el sector privado promueve un negocio, el Estado argentino promueva un derecho".
El jefe de Gabinete, De Vido y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, fueron los encargados de presentar ayer el proyecto de ley de telecomunicaciones Argentina Digital enviado por el Poder Ejecutivo, en el marco de una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado.
El debate continuará el próximo jueves y el objetivo del oficialismo en emitir dictamen el 19 de noviembre, de manera de poder tratarlo en el recinto antes de que finalice el corriente mes.
En su exposición, Capitanich afirmó que "esta ley no favorece a nadie ni pretende ir en contra de nadie. Lo único que pretende favorecer es al pueblo argentino, al usuario argentino, independientemente de su lugar de localización desde La Quiaca hasta Ushuaia".
"Se ha dicho que esta ley -agregó- pretende desproteger a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. Por el contrario -aclaró- queremos incentivarlos y crear nuevos actores que en forma individual o asociativa garanticen el servicio".
Capitanich cuestionó a quienes sostienen que "la ley generará la expropiación de las redes" y enfatizó en ese sentido que "decir eso es una barrabasada jurídica y una manifestación absolutamente carente de sentido".
De Vido, por su parte, dijo que el proyecto de ley "reivindica el plan de telecomunicaciones impulsado por Néstor Kirchner en 2003 y continuado por la presidenta Cristina Fernández, con el cual se lograron resultados notables en accesibilidad, federalismo, desarrollo de la industria nacional y soberanía nacional, que es el parámetro de todas nuestras políticas".
En la apertura del debate en comisión en el Senado, el funcionario aseguró que la ley "pretende incluir, y que ese acceso universal a las telecomunicaciones se realice a lo largo y a lo ancho de la Argentina y que no quede ninguna región excluida".
Destacó el rol que tendrán las cooperativas y las pymes y aseguró que lo que se busca es "promover el rol del Estado como planificador del área y la competencia y generación de empleos" así como "garantizar el derecho humano de las comunicaciones y el interés público estableciendo la completa neutralidad de las redes a los fines de facilitar el acceso a las comunicaciones con los más altos parámetros de calidad".
Aclaró que "se excluye de su objeto cualquier tipo de regulación sobre el contenido" y coincidió con Capitanich al afirmar que "respecto a la adecuación la nueva ley no perjudica ni beneficia a nadie" sino que "mejora los servicios para los usuarios y aumentará la competencia".
En tanto, Berner dijo que "el hecho de que el acceso y el uso de las redes sea declarado servicio público es la manera de poder garantizar la calidad y eliminar las asimetrías".
Puso como ejemplo lo que sucede en algunos municipios donde "algunas concesionarias tienen que soterrar la fibra y otras lo pueden hacer vía aérea. El que tiene que soterrar tiene costo muchísimo más grande".
"Esta ley no viene a tirar por la borda a todos los que tienen licencias en Argentina. En todo caso los vamos a convocar a todos para ordenar", dijo Berner, quien precisó que de 1350 licencias de telecomunicaciones registradas en todo el país sólo cuatro o cinco llegan a los hogares.
"¿Dónde está el resto?.. No tienen acceso a las redes y tienen que construir una red a precios exorbitantes al lado de una red que ya existe", subrayó el secretario.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, la senadora jujeña, Liliana Fellner, dijo que e poryecto de ley Argentina Digital busca “consagrar el derecho humano a las comunicaciones, con mejor servicio y menores costos para los usuarios”.
“Se trata de una norma que nos colocará entre los países más avanzados del mundo en materia de regulación de la convergencia tecnológica y la integración de servicios”, aseguró Fellner, quien además resaltó que la nueva norma “no solo se busca reemplazar la vieja Ley de Telecomunicaciones dictada en 1972 por un gobierno de facto, sino que, fundamentalmente, terminaremos con el desorden legislativo existente” en la materia.
El proyecto de ley busca establecer un nuevo marco regulatorio para las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet y la televisión por satélite y por cable.
Además, define como “servicio público en competencia” a las TIC. El objeto de regulación incluye desde redes troncales hasta bocas de acceso de los hogares, mencionadas como “última milla” o “bucle local”.
Uno de los puntos sobresalientes del proyecto es el que permite a las telefónicas que puedan prestar servicios audiovisuales. Lo único que deben hacer esas empresas para dar contenidos audiovisuales es tener contabilidades separadas y no ser “anticompetitivas”.
Los licenciatarios audiovisuales podrán prestar servicios de telecomunicaciones a través de la misma red. Los TIC tendrán la obligación de suministrar acceso e interconexión a otros operadores.
Pero todo uso de infraestructura compartida deberá ser previamente autorizado por la autoridad de aplicación que designará el Poder Ejecutivo Nacional, que también definirá qué operadores deben “desagregarse de la red local” o sea obligar a los que tienen una posición dominante a no brindar servicios domiciliarios y abrir su red a otros.
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