El jefe de Gabinete afirmó ayer que a partir de la reglamentación de la ley de Pago Soberano "se observa el interés" de muchos acreedores “para propiciar acciones judiciales, como lo han hecho bonistas de legislación inglesa, y procesos de consultas para establecer la modalidad de percepción en la cuenta existente en Nación Fideicomisos”.
En su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Capitanich cuestionó que muchos pretendan “asociar la perspectiva de que un tenedor adhiera o no al proceso de reestructuración en marcha a un fracaso para la Argentina”.
“Lo que tenemos que reafirmar categóricamente es que una sentencia de carácter judicial como la del juez (de Nueva York, Thomas) Griesa, de carácter parcial en favor de los fondos buitre, ha sido un fracaso absoluto en cuanto a su implementación”, agregó.
El funcionario sostuvo que “se pretendió favorecer el juego a tres bandas de los fondos buitre, con tenencia de bonos reestructurados, credit default swaps (CDS, seguros de default) y el hostigamiento permanente con la sentencia en marcha para pretender embretar a la República Argentina”.
“Pero eso -advirtió Capitanich- no ha tenido impacto en la cotización de los bonos argentinos en el mercado, ni tampoco ha habido una acción efectiva por parte de bonistas con respecto al proceso de aceleración (cobro total de las acreencias)”.
Según el jefe de Gabinete, la sentencia de Griesa “constituye un limbo jurídico, un entrampamiento que impide la consecución efectiva de la misma finalidad prevista en la sentencia, por su inaplicabilidad manifiesta”.
La ley de Pago Soberano, concluyó, “ha permitido ratificar la voluntad de pago del país y el efectivo cumplimiento de los compromisos”.
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