Los presidentes de doce Juntas Comunales aprobaron la intervención a través de los nombramientos designados por el jefe de gobierno, Mugrizio Macri, mediante el Decreto 251/14, considerado un delito porque anula el proceso de descentralización.
Los jefes comuneros fueron acusados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" por el miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 1, Sergio Oscar Valenzuela, ya que la aprobación de la intervención de las comunas "es un hecho ilícito y un delito grave, ya que no pueden tomar ese tipo de decisiones porque la medida es violatoria de la Constitución, y carece del mandato expreso del resto de los comuneros que conforman cada Junta".
La denuncia, radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional Nº 7, a cargo de Raúl Juan Emilio García, alcanza a los presidentes de las comunas María Cristina Brunet, Facundo Carillo, Christian Etchezuri, Héctor Jorge Apreda, Marcelo Bouzas, Marcelo Iambrich, Guillermo Peña, Agustín Ferrari, Carlos Alberto Guzzini, Gustavo Acevedo, Maximiliano Corach, e Ignacio Carlos Crevena.
El Decreto 251, publicado el 25 de junio de este año en el Boletín Oficial, permitía a funcionarios designados por el jefe de Gobierno realizar las funciones que la Constitución de la Ciudad otorga a los juntistas elegidos por los vecinos, como control presupuestario, designación de personal y contratación directa, entre otros.
La aprobación de la medida llevó a que más de 30 comuneros de otros espacios políticos presentaran en julio una acción de amparo por considerar que es un “golpe institucional del Poder Ejecutivo contra las Comunas que contradice la Constitución".
La legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad, María Rosa Muiños, afirmó que "el modo de accionar con respecto a la sanción del Decreto 251 es de una gravedad institucional enorme".
Muiños pidió informes a los presidentes de las juntas comunales y a todos los comuneros, ya que "no hay ninguna constancia de que los presidentes de las comunas hayan tomado esta decisión con el aval de todos los miembros de la Junta" y se preguntó "¿qué intereses están defendiendo?"
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