domingo, 22 de marzo de 2015

Tras el incendio en Barracas, el gobierno porteño volvió a proteger a Iron Mountain en una clausura

Un inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña denunció que poco días después de la tragedia pidió la clausura por fallas en otro depósito de la empresa en La Boca, pero el Ejecutivo porteño demoró un año en aceptar el caso. "Fue con la intención de proteger a Iron Mountain", dijo el funcionario.


El gobierno de la ciudad de Buenos Aires demoró un año en aceptar la denuncia de un inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña, que propuso la clausura de un depósito de Iron Mountain en el barrio de La Boca que estaba en las mismas condiciones y a pocas cuadras del que se incendió en febrero de 2014 y provocó la muerte de 10 bomberos.

Según pudo comprobarse, una vez que la administración de Mugrizio Macri decidió intervenir en el asunto y verificar la denuncia para proceder a la clausura, Iron Mountain levantó sus bienes y vació el galpón para evitarla.

"La demora del gobierno porteño fue con la intención de proteger a Iron Mountain. Días después del incendio, hubo una fiscalización en el galpón de La Boca, la cual al igual que había pasado en 2008, recomendó la clausura del mismo con urgencia", explicó Edgardo Castro, el inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad que realizó la denuncia.

En ocasión de la fiscalización al depósito de Barracas, la actuación llevada adelante por los inspectores terminó entre miles de expedientes que fueron “extraviados” por la administración de Macri.

Esto fue reconocido, a través de una cámara oculta difundida hace unas semanas, por el ex director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Ángel Rodríguez, quien encontró más de 70.000 expedientes "tirados" de actuaciones de inspectores que proponían clausuras y sanciones para empresas y comercios de la ciudad de Buenos Aires.

En el caso del galpón de La Boca, Castro responsabilizó al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, de demorar las actuaciones.

Asimismo, precisó que el depósito ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 2147, “tiene las mismas condiciones edilicias y estructurales que el de Barracas” y enumeró que “no son resistentes al fuego, no mantienen en pie al edificio en caso de un incendio, sino que sus paredes pueden derrumbarse” como la que terminó con la vida de los 10 bomberos.

También indicó que el galpón de La Boca “no tiene salida de emergencia, ni acceso para bomberos, que por ley debe facilitarse” y añadió que “no está sectorizado, para evitar que si un área se incendia se propague el fuego al resto del edificio”.

A partir de realizada la denuncia, y durante casi un año, según Castro, se le impidió tomar vista del expediente, a tal punto que tuvo que presentarse con una escribana pública para acceder al mismo, aunque le negaron la posibilidad de copiarlo.

"La copia del expediente la deberían entregar. Es evidentemente que hay un mecanismo de ocultamente porque lo que consta en esas actas es un trabajo irregular", por parte de la administración de Macri, precisó Castro, quien consideró que "la Ciudad mantuvo el expediente un año durmiendo para darle la posibilidad a Iron Mountain de retirarse" y aseguró que "una vez que la empresa vació el galpón, mandaron inspectores habilitados para clausurar, ya que antes habían enviado a personal no calificado para este tipo de trabajo".

"En enero, y después de casi un año de realizado el pedido de clausura, Iron Mountain retiró todo. Actualmente el depósito está vacío. Ahora no hay nada para clausurar. Pero así y todo, el edificio no cumple con la normativa para ser habilitado", indicó el inspector, al tiempo que puntualizó que "el depósito de La Boca no se conocía, no estaba declarado, lo denunciaron los propios trabajadores por miedo a que sucediera lo mismo que en Barracas y alguien terminara muerto".

Sin embargo, señaló que "Sabor fue el que demoró las actuaciones" y aseguró que "la Subsecretaría a su cargo declaraba que hacían inspecciones, cuando no las hacían".

Por otra parte, Castro aseguró que en esas supuestas inspecciones que Trabajo dijo que realizaban "se enviaba gente sin calificación para tomar decisiones, con lo cual no se definía nada" e incluso puso de relieve que "en las actas de la Subsecretaría, dicen que el establecimiento fue sancionado por falta de señalización de la salida de emergencia, cuando la planta en realidad no la tiene, no es que no está señalizada".

Para finalizar indicó que "supuestamente le clausuraron la red de incendio" y remarcó que "ya eso era motivo suficiente para cerrar el depósito ¿como va a funcionar con la prevención contra un siniestro clausurada?".

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