EN EL MARCO DE LA CAUSA EN LA QUE SE INVESTIGAN SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS VIALES AL GRUPO AUSTRAL EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. EL PROCESAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA HABÍA SIDO DICTADO POR EL JUEZ JULIÁN ERCOLINI.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente- y Mariano Hernán Borinsky, no hizo lugar a tres recursos de queja y ratificó los procesamientos dictados por el juez federal Julián Ercolini por asociación ilítica contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. De esta manera, quedó allanado el camino hacia el juicio oral y público.
Dos de los recursos habían sido presentados por la defensa de Báez contra las decisiones de la Sala I de la Cámara Federal, que había confirmado el procesamiento y el embargo por 10 mil millones de pesos. El empresario santacruceño también había pedido la nulidad de la declaración indagatoria prestada por el nombrado ante el juez federal Ercolini.
Tampoco fue aceptada la queja presentada por la defensa de la ex mandataria contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que había confirmado su procesamiento y otro embargo por la misma suma y que también rechazó los pedidos de nulidad por haber intervenido más de un fiscal en el proceso.
En la causa se investiga una supuesta estructura funcional orientada a la aparente sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Lázaro Báez por más de 46 mil millones de pesos.
Sin embargo, los procesamientos apuntan en forma casi exclusiva a decisiones políticas que Ercolini convirtió en delitos. Un punto clave es que lo que está en discusión es el 11 por ciento de la obra pública a Santa Cruz. El juez desestima que esa provincia tenga el 10 por ciento del territorio nacional y que por lo tanto las obras viales hayan sido proporcionales a ese porcentaje. El juez tomó en cuenta la auditoría realizada por el propio macrifascismo sobre la obra pública en Santa Cruz. Ese trabajo concluyó que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable, no se encuentran desvíos significativos”. Por otra parte el informe de Vialidad asegura que no detectó ningún sobreprecio.
Ercolini dice que Cristina y sus funcionarios formaron una asociación ilícita para derivar fondos de la obra pública hacia Báez. Es equiparar un gobierno, votado en elecciones, a una asociación ilícita.
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