TRAS LA DETENCIÓN DEL EX VICEJEFE DEL GOBIERNO, ORIOL JUNQUERAS, Y SIETE EX CONSEJEROS, QUIENES FUERON ENVIADOS A PRISIÓN INCONDICIONAL, SIN FIANZA, TRAS DECLARAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID POR LOS PRESUNTOS DELITOS VINCULADOS CON LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, QUE ABRIÓ UNA CRISIS POLÍTICA SIN PRECEDENTES EN ESPAÑA, MILES DE MANIFESTANTES SALIERON A LA CALLE A RECLAMAR LA LIBERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CATALANES.
Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó ayer el fiscal general.
Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del Govern que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza eximió de la prisión bajo una fianza de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el Parlament en Barcelona aprobara el viernes pasado declarar una república soberana.
Todos los miembros del Govern destituido estaban citados a declarar ayer como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del Parlament en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.
A falta de conocer el destino del ex presidente, el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.
"Hoy (por ayer) encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!", escribió en su cuenta de Twitter Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.
La entidad independentista Òmnium convocó una "gran manifestación" en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, criticó en Twitter que "envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias".
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de "presos políticos". En su cuenta de Twitter, escribió que "me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores".
El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales. Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar ayer en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el Govern.
Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA y adelantó el miércoles en un comunicado firmado por el "Gobierno legítimo de Cataluña" que seguiría en Bélgica para denunciar "un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia). Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).
También la presidenta del Parlament, Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar ayer por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.
Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario