LA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA,CARMEN LAMELA, TAMBIÉN DICTÓ LA ORDEN DE DETENCIÓN DE CUATRO COLABORADORES DEL DESTITUIDO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT. LOS IMPULSORES DE LA INDEPENDENCIA CATALANA ESTÁN EN BRUSELAS Y AYER DEBÍAN DECLARAR POR “REBELIÓN, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN”. ORIOL JUNQUERAS EL EX VICEPRESIDENTE CATALÁN YA ESTÁ EN UNA CÁRCEL DE MADRID.
Mientras el ex líder catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica firme en su decisión de no presentarse a declarar en Madrid, la Audiencia Nacional de España ya emitió una orden de detención internacional contra él y los cuatro ex consejeros que no respondieron a su citación por los delitos vinculados a su plan soberanista. Esta medida incluiría también la potencial extradición del presidente de la Generalitat, que la Fiscalía federal belga ya dijo que acatará. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros nueve ministros ya están recluidos en cinco cárceles diferentes de Madrid.
La juez Carmen Lamela decretó también ayer a la mañana la prisión preventiva para Junqueras, y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Todos ellos ya están dispersos en distintos centros de detención de Estremera, Valdemoro, Aranjuez, Navalcarnero y Alcalá Meco. Lamela consideró que existía alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y destacó que no se podía obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país.
"Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que el bien derrote al mal en 21D", manifestó a través de su cuenta de Twitter Junqueras, minutos antes de ser detenido, en referencia a los comicios del próximo mes solicitados por Rajoy y acatados por Puigdemont esta semana desde Bélgica.
Con la orden de la magistrada aplicada, se simplificará y acelerará la extradición de Puigdemont y de sus asesores gracias a que estos dos países son miembros de la Unión Europea (UE). Las autoridades judiciales de Bélgica ya adelantaron que cooperarán de forma directa y no será necesario el proceso diplomático que tiene lugar en los casos de extradición tradicionales. Para las 32 categorías de delitos graves reconocidas por la UE, entre los que se ubican estas denuncias, no se exige que el acto sea considerado delito en ambos países. El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de expedición.
El abogado del presidente de la Generalitat, Jaume Alonso-Cuevillas, advirtió que el fallo de Lamela inaugura "un día triste para la democracia” porque tildaron de “desproporcionado" el pedido de captura emitido por la magistrada e incluso fueron más allá al denunciar que la orden fue “premeditada” y estaba “redactada de antemano”.
“El auto no ha hecho ninguna referencia a lo que se ha dicho hoy en las declaraciones y nuestras peticiones han sido totalmente ignoradas, lo que sugiere que estaba preparada antes”, detalló.
Puigdemont y sus asesores deberían haber declarado ayer en una causa por “rebelión, sedición y malversación” después de que el presidente español Mariano Rajoy efectivizara la intervención en Cataluña. Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están desde el lunes en Bruselas y se negaron a comparecer ante la Audiencia Nacional de España.
Por esta razón y después de que se desestimara el pedido del abogado de Puigdemont para declarar vía teleconferencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió la detención por escrito de todos los funcionarios. “Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, argumentó en el documento, en el que agrega que “por lo tanto se solicita del Juzgado que ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”.
El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, explicó ayer que intentaría evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea. Bekaert no ha aclarado aún si también representará al resto de los ex consejeros catalanes que abandonaron Cataluña y están con Puigdemont en la capital belga.
El ministro que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros, sería Santi Vila (Empresa y Conocimiento), que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la juez y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de España ordenó hoy la vigilancia policial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros diputados regionales hasta que declaren, el 9 de noviembre próximo, después de suspender las comparecencias, previstas para hoy y mañana, y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán. Los abogados alegaron que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales apenas les fueron notificadas el miércoles.
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