El juez federal Emiliano Canicoba confirmó que Arroyo Salgado se excusó de la segunda denuncia de Bullrich y Alonso

El juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba confirmó ayer a la mañana que la denuncia presentada por dos diputadas del PRO por supuesto espionaje recayó en su juzgado luego de que su par Sandra Arroyo Salgado se excusara de intervenir.

El juez federal de San Martín Emiliano Canicoba confirmó ayer a la mañana que la denuncia presentada por las diputadas del PRO por supuesto espionaje recayó en su juzgado luego de que su par Sandra Arroyo  Salgado se excusara de intervenir.

En este sentido, el magistrado informó ya le había corrido vista al fiscal, quien, como es de rigor, deberá sugerir las medidas a tomar para continuar con el rumbo de la causa.

Así lo reveló en declaraciones radiales, en las que –al igual que lo señalado más temprano por el juez federal Sebastián Casanello, sobre quien recayó la investigación por la otra denuncia- indicó que la denuncia allí radicada no había sido acompañada tampoco por el listado que circula en los medios de comunicación con los nombres de los supuestos “espiados” por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“La denuncia fue presentada ayer (por el martes), cerca del mediodía, en el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de intervenir en la causa”, precisó Canicoba.

En este marco, explicó que, por la tarde, la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la excusación planteada por Arroyo Salgado y, luego, resolvió que debía intervenir él.

“Ahora estoy corriendo vista al fiscal que, a partir de lo que disponga, veremos qué otras medidas se toman para continuar con el rumbo de la causa”, aseveró el juez federal de San Martín.

El martes, las diputadas del PRO, Laura Alonso y Patricia Bullrich Luro Pueyrredón presentaron ante la Justicia dos denuncias por supuestas escuchas ilegales contra políticos, periodistas, empresarios y jueces, basadas en un listado de los supuestos espiados que les hizo llegar una fuente anónima.

Una de ellas quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, mientras que la otra finalmente recayó en Canicoba, juez federal de San Martín.