Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la reforma busca asegurar “una administración de Justicia que contemple la reparación a las víctimas” y recalcó que el objetivo central es “darle instrumentos eficientes al ciudadano”.
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció anoche en cadena nacional desde su despacho en Casa Rosadael envío al Congreso de un proyecto de ley para reformar el codigo procesal penal.
Entre los puntos más relevantes de los anunciados por la mandataria, se encuentra el referido a lo que denominó "la famosa puerta giratoria". En ese marco, Cristina subrayó que el nuevo Código prevé "la expulsión de extranjeros que tienen alguna irregularidad en el país y son sorprendidos en comisión del delito" y destacó que en ese caso "no podrán volver a ingresar al país por quince años y si lo hacen serán juzgados por el delito por el que fueron expulsados".
Asimismo, remarcó que el Código "va a tener la prisión preventiva por un hecho que produce conmoción social" y "se va a tener en cuenta la reincidencia del autor del delito".
Sobre ello, aclaró que no es una medida que "choque" con la Constitución Nacional, ya que ejemplificó que la Carta Magna establece en "el artículo 69 que si un legislador, que tiene fueros, es sorprendido in fraganti caen sus prorrogativas de fuero". Se busca "que la sociedad se sienta segura", puntualizó.
Otro ítem que destacó Cristina es el que tiene que ver con los jueces y fiscales. "Si no cumplen los plazos van a tener sanciones", señaló y agregó que "tres sanciones graves son causal de jury para un juez y un fiscal", así como que "en ningún caso el vencimiento de los plazos genera prescripción de la pena".
"Tal cual lo anunciamos días pasados, hoy estamos enviando al Parlamanto un nuevo instrumento: el Código de Procedimientos Penal. Este es un código de forma, con un universo más restringido y no menos importante, que alcanza a las personas que están detenidas por cometer delitos y a las víctimas de esos delitos", señaló la mandataria.
"Toda la Academia, todos los juristas y toda la sociedad pedía estos cambios para asegurar una administración de justicia penal más segura. Este Código es mixto, es inquisitorio y acusatorio y se sancionó en 1991", continuó su explicación.
En ese sentido, la Presidenta explicó que este nuevo proyecto instalará "un sistema acusatorio que le delega al fiscal toda la acusación, no le quita las atribuciones al juez. También introducimos en el Código a las víctimas que van a poder participar en el proceso junto al fiscal proponiendo medidas".
"Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública. La oralidad le da contemporaneidad y publicidad a las víctimas", destacó.
"Fijense que no hablo de la inseguridad, que es un tema que tiene mucho marketing, porque lo que tenemos que asegurar son las fuentes que generan el delito", aseguró.
La Presidenta explicó que la idea de darle mayores atribuciones a los fiscales ya estaba plasmada en en la reforma constitucional de 1994: "La figura del procurador fiscal fue creada por la Constitución de 1994, en una cuarta sección de las autoridades federales. Hubo una clara intención en ese momento de instalar que la investigación quede a cargo de los fiscales", dijo.
"Por eso estamos enviado este proyecto para que tome estado parlamentario dándoles a los jueces y fiscales un instrumento para que el ciudadano tenga la certeza de que puede estar protegido y pueda reclamarle a jueces y fiscales cuando actuan mal", agregó.
"Quiero que este código, no sea un código de una gestión o un proyecto. Debemos actuar con celeridad y seriedad para darle a la sociedad este proyecto porque la demanda de justicia y reparación no tiene colores partidarios. Estas son armas de la Constitución, no armas de disparar. El que crea que con armas de disparar se puede frenar el delito está muy equivocado", concluyó.
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