La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, que pasará a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Tras un debate de más de cuatro horas, el oficialismo junto a sus aliados reunió 132 votos para imponerse en la votación, contra 87 votos reunidos por la oposición, en tanto que se registraron 5 abstenciones.
"Hemos puesto a la educación en el centro de la escena. Esto no es un logro de este gobierno solamente, sino de la democracia argentina”, dijo al abrir el debate el diputado cordobés kirchnerista Martín Gill.
Al defender el proyecto propiciado por el gobierno, el legislador pidió a la oposición "no tener actitudes mezquinas, porque la ley no tiene nada que ver con los hechos públicos que han sucedido en torno a la fundación y sus responsabilidades”.
En el último tramo de su discurso, Gill dijo que esta es una ley "en honor a la lucha, a la resistencia, el amor y la esperanza que representaron y representan todas y cada una de las madres de Plaza de Mayo”.
El diputado Horacio Pietragalla (FpV), nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó en su discurso que él "extraña" que "todavía no puedan ver que cuando Néstor (Kirchner) asumió en 2003 era otra la percepción y el conocimiento que gran parte de la sociedad argentina tenía sobre lo que pasó en la dictadura".
"Nos cuesta escuchar ciertos términos que se sueltan a la ligera sobre la política de derechos humanos de este gobierno”, manifestó.
El debate lo cerró la diputada Juliana Di Tullio, afirmando que “la universidad pública es, fue y será un motor de la movilidad social” y que “el bloque oficialista y sus aliados actúan en consecuencia”.
Sobre las críticas de la oposición, señaló que “vemos en un discurso de derecha a izquierda, explicando muchos dictámenes de minoría (siete), oponiéndose, con mucha confusión, mezquindad y maldad”.
“Lo hacen con argumentos muy ofensivos, acusando a una de las organizaciones con más predicamento en nuestra historia de que fue cooptada; una organización que, ni más ni menos, nos ayudó a recuperar esta democracia de la que somos parte”, objetó.
La iniciativa fue rechazada por casi todos los bloques opositores que cuestionaron la estatización y la forma en que se saldará la deuda de la actual Universidad de las Madres.
Así lo plantearon en sus discursos los diputados José Riccardo (UCR), Margarita Stolbizer (FAP), el massista Adrían "Pantriste" Pérez y la macrista Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
Riccardo, ex rector de la Universidad de San Luis, criticó que el Estado "deba asumir las deudas" de la Universidad de las Madres y también cuestionó que dependa del Ministerio de Justicia, porque ello "afecta la autonomía universitaria".
En esa misma línea, se expresó el massiclarinista Pérez, para quien "no existe certeza sobre los estados contables, los recursos y gastos de la Universidad de las Madres”.
A la hora de votar, se abstuvieron los tres diputados de Unidad Popular; Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, y Facundo Moyano.
Tras la aprobación de esta iniciativa, los diputados avalaron también la creación de las universidades de Alto Uruguay (en Misiones), Raúl Scalabrini Ortiz (San Isidro), Almirante Guillermo Brown, Rafaela, Ezeiza, Comechingones y la Universidad Pedagógica Nacional.
También se aprobó la ley creando la Universidad Nacional de las Artes (UNA), sobre la base del actual Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), nacido en 1996 con el propósito de transformar en universitaria la formación artística.
Media sanción al proyecto de ley de educación obligatoria desde los cuatro años de edad
Si bien acompañó la iniciativa del Poder Ejecutivo, la oposición reclamó que la ley sea “efectiva”, en un debate que además estuvo atravesado por el recuerdo de la sindicalista docente Stella Maldonado, fallecida la semana pasada.
La UCR, el Frente Rejuntador, Unión Pro y el FIT pidieron ampliar la obligatoriedad escolar a los tres años, pero el oficialismo no aceptó realizar esa modificación.
En tanto, Compromiso Federal de los Rodríguez Saá y Unión por Córdoba de José Manuel De la Chota propusieron, también sin éxito, que el reparto de los fondos para cumplir la ley se realice de acuerdo a la Ley de Coparticipación, y que esas partidas sean incluidas en los sucesivos presupuestos.La oficialista Stella Maris Leverberg, presidenta a cargo de la Comisión de Educación, defendió el proyecto oficial al asegurar que “hablamos de inclusión plena y de igualdad de oportunidades”.
La sindicalista docente de CTERA destacó que “la extensión de la obligatoriedad ha sido una política de Estado de este Gobierno: pasamos de siete años, a duplicarla”.
Leverberg recordó que el kirchnerismo ya había incorporado la sala de cinco a la educación obligatoria y amplió a tres años la formación escolar, y ahora “tiene tendencia a la universalización a la sala de tres”.
Además, el titular de la Comisión de Presupuesto, Roberto Feletti (FpV) explicó que, para cumplir con esta ley, el Presupuesto 2015 prevé una partida de 750 millones de pesos para construir 850 salas de preescolar.
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