Según Eugenio Raúl Zaffaroni, la decisión del máximo tribunal norteamericano fue un "despropósito jurídico" que puso "en jaque a un país entero". Además, sostuvo que Griesa "parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal". La necesidad de reformas jurídicas en la materia y la posibilidad de demandar a los buitres.
El juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, aseguró ayer que lo que sucedió en el conflicto con los fondos buitre "es un escándalo jurídico", calificó a Thomas Griesa como un juez "casi municipal" y criticó con dureza al máximo tribunal de los Estados Unidos por no haber tomado el caso.
"Fue la famosa y muchas veces citada Suprema Corte de Estados Unidos la que hizo el despropósito jurídico de patear una cuestión que pone en jaque a un país entero", sentenció Zaffaroni y agregó que "ni siquiera tuvo el coraje de darle la razón a Griesa, sino que simplemente, en el equivalente a lo que nosotros en la jerga llamamos 'un 280', dijo 'esto no me interesa tratarlo'".
En cuanto a Griesa, el destacado penalista consideró que "parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta".
"No es un juez federal siquiera, sino algo así como un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y salta a la fama mundial como el único ogro de la historia", sostuvo.
Sin embargo, para el ministro de nuestra Corte Suprema "el actor principal de todo esto no es Griesa, sino el Poder Judicial norteamericano".
"¿Cómo me explica alguien que la famosísima Corte, tan respetuosamente citada porque siempre “queda bien”, haya dicho que no le interesa el destino de una negociación de muchos miles de millones de dólares que compromete a un país y quizá el destino de unos cuantos más?", se preguntó.
"Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos", recordó el juez de la Corte argentina y fue más allá, al señalar que "la Suprema Corte norteamericana no necesita muchos lobbies para incurrir en despropósitos jurídicos. Tengo la suerte de pertenecer a una Corte Suprema que en su historia se ha equivocado muchas veces, pero ni de lejos alcanzó el nivel de aberraciones de la Suprema Corte norteamericana".
"Por suerte, nuestra Corte nunca declaró constitucional la esclavitud y precipitó una guerra civil, tampoco y mucho más cercanamente declaró la constitucionalidad del apartheid, ni dijo que estaba bien que los negros fuesen en un vagón y los blancos en otro, ni consideró adecuada a derecho la prohibición de matrimonios entre negros y blancos, ni tampoco legitimó –con el voto del famosísimo juez Holmes– la esterilización de discapacitados. Es un tribunal cuya historia tiene más sombras que luces", añadió.
Según Zaffaroni, el gobierno argentino debería "explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre", ya que "hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino quelos compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo".
"No hay buena fe en la compra, es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, en síntesis, inmoral", sostuvo y explicó que "el daño de esta conducta inmoral se produce en el país. No sé si se podría demandar aquí, en Estados Unidos o en algún otro lado. No es mi materia, pero la intuición me indica que habría que explorar esta posibilidad. Insisto en que esto es mera intuición, pero creo que deberían analizarla los que saben de estas cosas".
Las críticas del magistrado también se extendieron a quienes establecieron la jurisdicción norteamericana para los bonos. En tal sentido, afirmó que "nuestros propios gobiernos cedieron la soberanía nacional, sujetándonos a un tribunal provincial extranjero y a una Suprema Corte que declara no interesarle nada, en favor de unos especuladores con capacidad para pagar abogados y hacer lobbies".
Para Zaffaroni, es necesario "reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional".
"Sé que me colgarán cualquier cartel para descalificar esta opinión -reconoció-, pero el mundo penal internacional viene pensando estas cosas desde hace algún tiempo".
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