Ordenaron detener al policía Diego Barisone que pisó con una moto a un cartonero durante las protestas en el Congreso. Lo habían liberado el lunes.

EL JUEZ SERGIO TORRES MANDÓ A BUSCAR AL EFECTIVO MOTORIZADO QUE LE CAUSÓ LESIONES A ALEJANDRO ROSADO. UNO DE SUS COMPAÑEROS DECLARÓ Y ASEGURÓ QUE ERA BARISONE QUIEN CONDUCIÍA LA MOTO.

Hubo un cambio de actitud dentro del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) luego de que el juez Sergio Torres denunciara a dos oficiales de la Policía Federal por falso testimonio y encubrimiento debido a las idas y vueltas para identificar al agente que pisó con una moto a un cartonero el día de la marcha contra la Reforma Previsional.

Ayer a la mañana declaró en el juzgado de Torres Alejandro Irarzábal, el agente de la Federal que iba sentado en el asiento de atrás de la moto que pisó a Alejandro Rosado el 18 de diciembre pasado en la zona del Congreso.

Seún fuentes judiciales, Irarzábal ratificó la identificación original que había presentado en el juzgado el área de Asuntos Internos de la Federal y no dejó dudas: quien conducía la moto policial aquella tarde era Dante Barisone, el mismo agente que había sido detenido y luego liberado debido a contradicciones en su identificación. 

Aquella identificación fue luego puesta en duda por el comisario Oscar Hipólito -a cargo del GOMF- y por el principal Gabriel Ortega, quien condujo al grupo de motociclistas que actuó aquel día cuando había protestas contra la Reforma Previsional.

Esos dos policías fueron denunciados el lunes de esta semana por Torres, porque consideró que pueden haber cometido los delitos de falso testimonio y encubrimiento, ya que para el juez imposibilitaron la identificación fehaciente del policía que había pisado a Rosado.

Al día siguiente de esa denuncia, Irarzábal se presentó ante Asuntos Internos de la Federal para explicar qué había sucedido. En la jerga de los policías motorizados, el que va detrás se llama "operador". Irarzábal contó ante Torres que él era el operador de la moto que pisó a Rosado y Barisone quien la conducía.

Con esta declaración, Barisone, que había negado ser quién pisó a Rosado, vuelve a quedar complicado en la causa judicial. Torres le había dictado una falta de mérito en virtud de las contradicciones en la identificación, pero a partir de la declaración de Irarzábal, el juez ordenó su detención -a la Policía Federal- y se encamina a dictarle el procesamiento.

Ercolini ordenó la detención de Cristóbal López y a Fabián de Sousa

EL JUEZ FEDERAL JULIÁN ERCOLINI ORDENÓ LA DETENCIÓN DEL EX DUEÑO DEL EX GRUPO INDALO (AHORA GRUPO CEIBO) CRISTÓBAL LÓPEZ Y SU SOCIO FABIÁN DE SOUSA, AL TIEMPO QUE PROCESÓ SIN PRISIÓN PREVENTIVA AL EX TITULAR DE LA AFIP RICARDO ECHEGARAY.

Las medidas del magistrado se derivan de la investigación por la supuesta evasión de unos $ 8 mil millones por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio de combustibles.

Vale mencionar que hace pocas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa que lleva adelante del juez Ercolini es competencia de la Justicia federal. El magistrado había considerado que debía intervenir el fuero en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de "administración fraudulenta" por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, Echegaray fue procesado como autor del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y les trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.

Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.

"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo.

En ese sentido, aseguró que "se ha engañado sostenidamente" al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, "ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial".

Poco después de emitida la orden del juez, De Sousa fue arrestado en su departamento de Puerto Madero y alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales. Mientras, las fuerzas de seguridad aún buscaban a López, quien no fue hallado en su domicilio también en Puerto Madero, por lo cual se emitió una orden de captura y la Policía lo rastreaba en todo el país.

Ordenaron la detención de Puigdemont y en Bélgica ya dijeron que concederían su extradición

LA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA,CARMEN LAMELA, TAMBIÉN DICTÓ LA ORDEN DE DETENCIÓN DE CUATRO COLABORADORES DEL DESTITUIDO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT. LOS IMPULSORES DE LA INDEPENDENCIA CATALANA ESTÁN EN BRUSELAS Y AYER DEBÍAN DECLARAR POR “REBELIÓN, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN”. ORIOL JUNQUERAS EL EX VICEPRESIDENTE CATALÁN YA ESTÁ EN UNA CÁRCEL DE MADRID.

Mientras el ex líder catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica firme en su decisión de no presentarse a declarar en Madrid, la Audiencia Nacional de España ya emitió una orden de detención internacional contra él y los cuatro ex consejeros que no respondieron a su citación por los delitos vinculados a su plan soberanista. Esta medida incluiría también la potencial extradición del presidente de la Generalitat, que la Fiscalía federal belga ya dijo que acatará. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros nueve ministros ya están recluidos en cinco cárceles diferentes de Madrid.

La juez Carmen Lamela decretó también ayer a la mañana la prisión preventiva para Junqueras, y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Todos ellos ya están dispersos en distintos centros de detención de Estremera, Valdemoro, Aranjuez, Navalcarnero y Alcalá Meco. Lamela consideró que existía alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y destacó que no se podía obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país.

"Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que el bien derrote al mal en 21D", manifestó a través de su cuenta de Twitter Junqueras, minutos antes de ser detenido, en referencia a los comicios del próximo mes solicitados por Rajoy y acatados por Puigdemont esta semana desde Bélgica. 

Con la orden de la magistrada aplicada, se simplificará y acelerará la extradición de Puigdemont y de sus asesores gracias a que estos dos países son miembros de la Unión Europea (UE). Las autoridades judiciales de Bélgica ya adelantaron que cooperarán de forma directa y no será necesario el proceso diplomático que tiene lugar en los casos de extradición tradicionales. Para las 32 categorías de delitos graves reconocidas por la UE, entre los que se ubican estas denuncias, no se exige que el acto sea considerado delito en ambos países. El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de expedición.

El abogado del presidente de la Generalitat, Jaume Alonso-Cuevillas, advirtió que el fallo de Lamela inaugura "un día triste para la democracia” porque tildaron de “desproporcionado" el pedido de captura emitido por la magistrada e incluso fueron más allá al denunciar que la orden fue “premeditada” y estaba “redactada de antemano”. 

“El auto no ha hecho ninguna referencia a lo que se ha dicho hoy en las declaraciones y nuestras peticiones han sido totalmente ignoradas, lo que sugiere que estaba preparada antes”, detalló.

Puigdemont y sus asesores deberían haber declarado ayer en una causa por “rebelión, sedición y malversación” después de que el presidente español Mariano Rajoy efectivizara la intervención en Cataluña. Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están desde el lunes en Bruselas y se negaron a comparecer ante la Audiencia Nacional de España.

Por esta razón y después de que se desestimara el pedido del abogado de Puigdemont para declarar vía teleconferencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió la detención por escrito de todos los funcionarios. “Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, argumentó en el documento, en el que agrega que “por lo tanto se solicita del Juzgado que ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”.

El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, explicó ayer que intentaría evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea. Bekaert no ha aclarado aún si también representará al resto de los ex consejeros catalanes que abandonaron Cataluña y están con Puigdemont en la capital belga.

El ministro que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros, sería Santi Vila (Empresa y Conocimiento), que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la juez y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de España ordenó hoy la vigilancia policial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros diputados regionales hasta que declaren, el 9 de noviembre próximo, después de suspender las comparecencias, previstas para hoy y mañana, y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán. Los abogados alegaron que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales apenas les fueron notificadas el miércoles.