viernes, 20 de enero de 2017

Macri firmó el polémico traspaso de la Justicia Ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, resistido por los gremios judiciales

MUGRIZIO MACRI RUBRICÓ AYER EL TRASPASO DE LA JUSTICIA ORDINARIA A LA ÓRBITA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CON EL OBJETIVO DE QUE SEA "MÁS EFICIENTE, CERCANA Y DINÁMICA". LOS JUDICIALES RECHAZAN LA MEDIDA POR "INCOSTITUCIONAL E INCONSULTA".


Mugrizio Macri dijo que el traspaso de parte de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad permitirá mejorar la "seguridad" para dar "respuestas a las víctimas" haciendo que la tarea de ese poder del Estado sea "más eficiente, más cercana y más dinámica", al firmar el convenio respectivo junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata.

Se trata de una iniciativa que busca, según la opinión oficial, perfeccionar el federalismo como sistema político y dar cumplimiento a la manda contenida en el artículo 129 de la Constitución Nacional, una exigencia constitucional cuya implementación fue postergada por más de 20 años. 

Acompañado por los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo, el subnormal destacó el impacto que tendrá la iniciativa en materia de seguridad.

"Espero que fruto del dialogo se hagan las aprobaciones" de los convenios en el ámbito legislativo, afirmó el ex hijastro de Flavia Palmiero, durante el acto llevado a cabo en la Casa Rosada.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, confió en que el traspaso de tribunales a la capital desde la órbita nacional va a "acercar la Justicia a los vecinos".

"Esto acerca la Justicia a los vecinos porque los sistemas procesales de la Ciudad de Buenos Aires son mucho más ágiles, son sistemas oralizados", manifestó Ocampo.

Asimismo, destacó que "es un punto central en la reconstrucción del federalismo, porque no se entendía porque el gobierno nacional o el Congreso nacional se tenían que ocupar de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires".

Sin embargo, los jueces y funcionarios judiciales se resisten a ese cambio, y esgrimen diversas críticas al traspaso que van desde el riesgo de que se realicen designaciones "por razones políticas" hasta entender que es "irreal" que vaya a mejorar el sistema. 

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) liderada por Julio Piumato, decidió el miércoles declararse en "alerta y movilización" en rechazo a la decisión.

Un comunicado gremial firmado por Piumato -también titular de Derechos Humanos de la CGT- y la secretaria de Prensa, Laura Iparraguirre, aseguró que el traspaso implica "un desgüace inconsulto e inconstitucional de la justicia nacional".

"Ello se agrava por el estado de la justicia de Buenos Aires que, lejos de focalizar sus esfuerzos en ese servicio, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia sino los intereses y relaciones entre las fuerzas partidarias del distrito, y no contempla la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación sino de los contubernios políticos", puntualizaron.

Los dirigentes sindicales explicaron que la prioridad debe ser "el mejoramiento de la justicia y no su desgüace y, esa tarea, no está garantizada por el traspaso sino todo lo contrario, por lo que el gremio ratifica el estado de alerta y movilización en repudio a la inoportuna firma, en el mes de feria, de ese convenio".

Piumato e Iparraguirre concluyeron que en ausencia de "la participación de los trabajadores y solo movidos por necesidades políticas, no se construirá una mejor justicia" en el país.

Para el gremio, al igual que ocurrió el 30 de noviembre último, "se insiste otra vez con el traspaso de organismos judiciales y de registro a la ciudad, no obstante el rechazo de magistrados, empleados judiciales, abogados y todas las centrales obreras".

También expresaron que ante esa posibilidad, el sindicato "está preparado para enfrentar esa polí­tica, ya que los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudicará el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la modificación de ganancias, los trabajadores podrí­an quedar expuestos a su pago".

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