EL MACRISMO APUNTA A PEDIR UN "STAY",
ABRIR RÁPIDO LAS NEGOCIACIONES Y SONDEAR ACUERDOS CON BANCOS, ADEMÁS DE
RECONOCER AL MEDIADOR, POLLACK.
Reconocer la deuda de aproximadamente u$s 15.000 millones que reclaman los fondos buitre. Pedirle formalmente a Thomas Griesa que aplique un "stay". Inmediatamente después, retomar las negociaciones. Reconocer a Daniel Pollack como el encargado de organizarlas y moderarlas. Reabrir la alternativa de un acuerdo a través de los bancos privados nacionales e internacionales.
Éste es el plan que los principales asesores económicos de Mugrizio Macri tienen en mente para destrabar rápidamente el "juicio del siglo" con los fondos buitre y holdouts. Y por "rápidamente", los hombres que aconsejan al candidato presidencial hablan de antes que termine el año. Según la visión de los especialistas en finanzas internacionales que acompañan a Macri, la mayoría adelantados el jueves por este diario, el principal problema que tendría la alianza de derecha Cambiemos para encauzar su idea de volver a los mercados mundiales y racionalizar la política cambiaria y fiscal (vía un incremento de las reservas y la colocación de deuda voluntaria) se solucionaría a través de una estrategia en varios frentes. Y aseguran que las probabilidades de éxito serían muchas.
El primer paso sería tomar contacto rápido con Griesa, aun antes de haber asumido la presidencia el 10 de diciembre, siempre que Macri venza en las próximas elecciones. Confían en que los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) (en principio no se prevé reemplazarlos por otro estudio más allá de que algunos asesores tienen diferencias claras con los abogados Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman) podrían cumplir la tarea de tomar contacto con el juez de Nueva York y comunicarle el futuro cambio de estrategia.
Lo que se le dirá a Griesa, antes o después de eventualmente tomar el poder, es que el país aceptará la deuda que impuso el juez, y que desde el viernes pasado trepó a más de u$s 8.000 millones nominales, incluyendo los reclamos de los "me too". Si a esto se le suman los punitorios, intereses, multas y gastos que calcula Griesa, la suma total que se reconocería sería superior a los u$s 15.000 millones. La buena noticia, dice el frente Cambiemos, es que ése sería el monto final y no habría más capítulos del default de 2001. Debería la Argentina dar marcha atrás en la apelación que el mismo estudio CGS&H haría en las próximas horas para que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revise el fallo del viernes de Griesa.
Se le reconocería también al juez la autoridad de Pollack, el "special master" designado por el magistrado y cuyo reemplazo es reclamado por el Ministerio de Economía de Axel Kicillof desde agosto del año pasado. El Gobierno actual lo considera un agente de los fondos buitre y un hombre que no inspira confianza.
Inmediatamente después, la Argentina se mostraría ante Griesa dispuesta a reabrir formalmente las negociaciones de manera inmediata, pero solicitaría como condición y mensaje de "buena fe" de los acreedores y del juez la aplicación del "stay". Esto implicaría que mientras duren las discusiones, sea el tiempo que sea, el país podría pagar su deuda performing (la emitida luego del default) sin peligro de embargos en los Estados Unidos; y, lo más importante, los acreedores no podrían avanzar sobre colocaciones futuras en Wall Street y en el mundo.
Aseguran los asesores macristas que con este mecanismo, un próximo Gobierno de Cambiemos podría emitir nueva deuda soberana en los Estados Unidos, sin peligros de avances de los fondos buitre, y con la reducción de varios puntos en la tasa de interés. Se habla, con entusiasmo, de hasta un 7% anual en dólares.
Finalmente, y mientras la negociaciones se lleven a cabo, se intentaría reflotar el principio de acuerdo que en julio de 2014 tenían casi cerrado los bancos privados nacionales (más algunos internacionales) con los abogados de los fondos buitre; especialmente Robert Cohen, de Elliott, el fondo de Paul Singer. Éste implicaba la compra de la deuda con los fondos por parte de los bancos bajo la emisión de un bono que se les entregaría a cambio a las entidades participantes. Esa posibilidad, avalada en su momento por parte del Gobierno actual, fue desmantelada por Kicillof.
Mientras tanto, y hasta el 10 de diciembre, la única propuesta argentina continuará siendo la de ofrecer el canje de deuda en los términos de 2010.
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