La Justicia obligó al gobierno de Macri a brindar servicios de agua potable y recolección de residuos en un asentamiento de Villa Soldati en el que viven 500 personas, entre ellos 200 chicos. Fue tras una lucha judicial de más de tres años llevada adelante por los vecinos que apuntan que el macrismo “parece estar esperando que se muera alguien para actuar”.
El barrio La Esperanza, ubicado lindante a la autopista Héctor Cámpora y la avenida Riestra, nació en 2009 como consecuencia del incendio de una manzana de Los Piletones y allí viven actualmente medio millar de personas según un censo realizado por los propios habitantes ya que el Ejecutivo porteño “siempre se negó a realizar el relevamiento poblacional”.
Los vecinos denuncian que las condiciones de habitabilidad son paupérrimas con “instalaciones de luz precarias que provocan cortes constantes, sin ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar específico donde volcar los desechos domésticos, mientras que muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra agravando las inundaciones los días de lluvia”.
Pero lo más urgente es la provisión de agua que se agravó hace un año con problemas de presión y que hace seis meses directamente no existe, contó María Galloso, delegada del asentamiento, quien dijo que “con el calor que hubo y como vivimos en techos de chapa un chico sufrió un cuadro de deshidratación”.
“Nos levantamos a la 3 de la mañana a juntar en un balde la poca agua que sale de la canilla, gota por gota, y con eso limpiamos la ropa y otras cuestiones”, describió.
Ante la falta de respuestas, los vecinos decidieron ir a la justicia y lograron una victoria el 12 de enero pasado cuando el juez de feria Dario Reynoso, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3, ordenó a la Ciudad garantizar el suministro de agua potable mediante la colocación de camiones cisterna.
“Esto se inició con un amparo presentado hace más de tres años que intimaba al gobierno porteño a cumplir con la provisión de agua potable y que nunca se cumplió”, explicó Noelia Charchaflie, abogada de la Corriente Política 17 de Agosto, agrupación que acompaña a los vecinos.
Al entender la urgencia de la situación, el juez Reynoso obligó al macrismo a proveer de agua al asentamiento en el término de tres días desde la notificación judicial.
“La Ciudad argumenta que el barrio no está reconocido institucionalmente para no brindar ningún servicio. Así, los vecinos no tienen agua, no hay recolección de basura, lo que hace que esté lleno de ratas, y la conexión eléctrica es precaria a tal punto que si enchufás una tele y una heladera al mismo tiempo salta todo y se quema”, narró Charchaflie.
La única reacción concreta del Gobierno porteño fue enviar durante algunos días unos camiones cisterna “pero los propios conductores les dijeron a los vecinos que era agua no apta para el consumo”, dijo la abogada.
“No sé si esperan que se muera alguien para actuar”, completó Galloso.
Los habitantes de La Esperanza también realizaron una presentación judicial para que se garantice la recolección de residuos, servicio que se realizó excepcionalmente entre octubre y diciembre pasados, pero que está suspendido desde ese mes.
“Hace tres años que pedimos un volquete para tirar la basura y la respuesta es no. Siempre nos dan una excusa”, indicó Galloso.
Sobre este punto los vecinos también obtuvieron una victoria en los tribunales, ya que el juez Reynoso pidió al Gobierno de la Ciudad que constante la falta de recolección y “reanude el servicio de forma inmediata”.
Como los habitantes del asentamiento están acostumbrados a que el macrismo dilate las soluciones, adelantaron que realizarán una asamblea y si siguen sin obtener una respuesta planean llevar adelante una protesta que podría incluir un corte en la autopista Cámpora.
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