Los acusadores del juicio de remoción que se le sigue a José María Campagnoli por mal desempeño de sus funciones remarcaron ayer la necesidad de escuchar a tres testigos sobre las prácticas del manejo mediático de las causas que el suspendido fiscal habría impreso a su actividad.
Los fiscales Marcelo García Berro y Adolfo Villate volvieron a pedir esta mañana al Tribunal de Enjuicimiento del Ministerio Público Fiscal la citación de la colega del suspendido Campagnoli, Cristina Caamaño, y de las empleadas Lucía Orsetti y María Gutiérrez.
La solicitud, que se vincularía además con cientos de fotografías que la fiscalía de Campagnoli habría tomado a vecinos del barrio Mitre en la zona de Saavedra de esta capital, tuvo la oposición del abogado defensor, Ricardo el Gil Lavedra, quien recordó que el Tribunal ya había rechazado un pedido similar.
La decisión sobre la cuestión quedó para mañana, cuando, luego del cuarto intermedio dispuesto por el presidente del Tribunal, Daniel Adler, se reanude el debate oral y público que se realiza en la sala de audiencias del Ministerio Público Fiscal ubicada en la Avenida de Mayo al 700, de esta ciudad.
Antes del cuarto intermedio prestaron declaración cuatro testigos: los presidentes de la Asociación Fiscal a nivel nacional, Carlos Donoso Castex; la que nuclea a los de las provincias, Luis Cevasco; el abogado Gustavo Bobbio y el consejero de la magistratura de la nación, Alejandro Fargosi.
Donoso Castex explicó que la asociación que preside emitió una nota a favor de Campagnoli y consideró que uno de los cargos contra el fiscal, "cambiar el objeto procesal" de una causa, es uno de los tantos "avatares del proceso" penal.
Donoso Castex admitió que la asociación que representa por primera vez se presentó para desempeñarse como "amicus curiae" (colaboradora del tribunal) en un jury a un fiscal.
Cevasco, también fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificó como "particularmente grave" y "un exceso" la suspensión de Campagnoli.
A Campagnoli se lo acusa de abuso de autoridad por tramitar una causa (presunta extorsión al financista Federico Elaskar, luego sobreseída en el fuero federal), pero Cevasco afirmó que planteos relacionados con la competencia para realizar investigaciones "hay todos los días".
Bobbio, asesor de la diputada Graciela Ocaña, admitió que fue la legisladora quien retiró un dictamen de la fiscalía de Campagnoli, relacionada a la causa por extorsión, y que copia de ese documento pudo haber llegado a manos de periodistas, entre ellos una del diario Perfil.
Hace algo más de un año, en su programa de televisión, el capocómico Jorge Lanada, quien ayer declaró como testigo, habría exhibido copia de ese dictamen.
A Campagnoli también se le reprocha la divulgación de información reservada de la causa, en tanto que le habría negado el acceso a las actuaciones a los imputados.
Campagnoli habría utilizado una denuncia anterior contra Elaskar que tramitaba en su fiscalía para investigar a Lázaro Báez y a otros allegados al empresario.
El suspendido fiscal inició de oficio esta investigación, pocas horas después que Elaskar apareciera en una emisión anterior del programa de Lanada en el ciclo "Periodismo para Tontos".
En lo que fue la última declaración testimonial de la tercera jornada del juicio, Fargosi enfatizó que, salvo en casos de "grosera violación" del derecho, ningún magistrado puede ser enjuiciado por mal desempeño por el contenido de sus sentencias.
El jury transcurre en el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación, sobre Avenida de Mayo al 700. El martes, el Tribunal de Enjuiciamiento había rechazado el pedido de los abogados defensores para que se declarara nula la resolución por la que Gils Carbó, en coincidencia con el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, solicitó el juicio de remoción.
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