La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) volvió a advertir sobre las graves condiciones de los presos en las cárceles de todo el país. El informe precisó que casi el 60 % de las 10.074 presos en cárceles federales está detenida con prisión preventiva.
La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) volvió a advertir sobre las graves condiciones de los presos en las cárceles de todo el país, donde el 84 por ciento de los jóvenes de hasta 21 años está detenido en forma preventiva.
Así se desprende de su informe mensual, en base a datos recogidos hasta el 30 de mayo pasado, sobre la población de las 28 cárceles y 10 alcaidías que dependen del Servicio Penitenciario Federal, en los que se registran más de 10 mil personas privadas de la libertad.
"Son indicadores graves, mucho más cuando el modo de ejecución de esas prisiones preventivas es gravoso y con afectación a otros derechos; no sólo la libertad, sino también la salud, la educación y el trabajo, y las personas están expuestas a dinámicas institucionales violentas", indicó el titular de la Procuvin, Abel Córdoba.
Según el informe, casi el 60 por ciento de las 10.074 personas privadas de libertad en cárceles federales está detenida con prisión preventiva, mientras que el 40 por ciento tiene condena firme.
La situación se agrava respecto de los 3.467 que están encerrados en esos lugares a disposición de jueces federales: sólo el 26,6 por ciento tiene sentencia, mientras que el 73,4 por ciento está allí preventivamente.
De esa forma -según precisa la investigación- el Poder Judicial de la Nación "supera en un 14 por ciento la media de personas" en esa condición.
En la población de jóvenes adultos -18 a 21 años-, la situación también es grave: los encerrados preventivos ascienden a 84,1 por ciento.
Entre los colectivos más vulnerados en sus derechos, además de los jóvenes, se encuentran en particular las mujeres y los transexuales.
El 66,4 por ciento de la población femenina está encarcelada preventivamente y sólo el 33,6 por ciento fue condenada, mientras que entre los jóvenes de entre 18 y 21 años la diferencia es abismal: sólo el 15,9 por ciento recibió condena y el 84,1 está procesado.
"La situación de los jóvenes revela el incremento de los encarcelamientos preventivos dictados por los jueces nacionales y federales respecto a personas de ese rango etario encerradas en establecimientos federales", indica el informe y advierte que desde que la Procuvin comenzó a registrar esta variable en octubre del año pasado el porcentaje creció en cinco puntos.
También se especifica que en el sistema penitenciario federal se aloja a 16 personas trans, todas mayores de edad y encerradas en el Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, de las cuales sólo una de ellas tiene condena firme.
Para Córdoba, el hecho de que las mujeres, jóvenes y trans "sean los destinatarios de valoraciones más severas por parte del sistema judicial y de los mecanismos de evaluación de tratamiento penitenciario nos confirma y revela que se los considera no sólo más peligrosos, sino también con menos derechos".
En este marco, el titular de la Procuvin indicó que "está pendiente la vigencia concreta de derechos fundamentales y que esto, lejos de ser producto de evoluciones pendientes, refleja una política criminal concreta, y que ha sido objetada desde organismos internacionales".
Por último, el informe advierte también sobre la sobrepoblación de las cárceles e indica que el Servicio Penitenciario "no define cuál es el estándar de metros por persona que utiliza, ni la metodología de cálculo".
Al respecto, Córdoba explicó que "la gravedad de la situación excede a la variable del hacinamiento en espacios de detención" y se proyecta como "un indicador que repercute en el nivel de conflictividad y la exacerbación de la escasez en el acceso a los elementos básicos de sobrevivencia alimenticia, de higiene, educación, trabajo y salud intramuros".
"Esta coyuntura repercute en el ámbito intramuros, incrementando el riesgo que generan las medidas improvisadas en pos de alojar más detenidos, propiciando situaciones de saturación poblacional que intensifican y potencian el agravamiento de las condiciones materiales de detención", concluyó.
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