domingo, 18 de noviembre de 2012

El juez Poviña advirtió sobre el "afán represivo" de los empresarios

Por Felipe Yapur, para Tiempo Argentino
 
El texto pone énfasis en el rol de los dueños del poder económico durante la represión. Incluye un revelador documento de la Embajada de los Estados Unidos sobre esa complicidad.
 
En los considerandos del procesamiento del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, se confirma lo que por décadas denunciaron los organismos de Derechos Humanos: la complicidad y la sociedad entre empresarios y militares con el terrorismo de Estado de la última dictadura.
 
En ese escrito queda claro que la instauración de un modelo económico neoliberal de exacción se consiguió gracias a la represión (llevada a cabo por las fuerzas armadas) pero también por la participación activa y protagónica del empresariado de esos años que, además de mostrar una voracidad económica sin igual, se destacó por su insaciable “afán represivo” contra sus trabajadores.
 
Blaquier, cuyos abogados trabajan a destajo para presentar la apelación al procesamiento, es un ejemplo paradigmático de este sector hoy juzgado pero no el único.
 
El texto brinda un detallado relato de la sociedad simbiótica que existió entre este empresariado industrial y las castas militares desde los tiempos de la Revolución Libertadora hasta la dictadura que comenzó en 1976.
 
En la redacción del juez federal Fernando Poviña se puede observar la lista de los industriales que, junto con los militares, participaron de esa sociedad delictiva y criminal con la que se abalanzaron contra las vidas de los trabajadores de empresas como Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz, muchos de los cuales aún continúan desaparecidos.
 
A modo de ejemplo, el juez cita el caso del Brigadier General Adolfo Teodoro Álvarez (miembro de la junta militar que puso a Juan Carlos Onganía en la dirección del gobierno en 1966). Ese militar fue nombrado, años después, “en la empresa Ledesma como director de Relaciones Públicas del Ingenio, tal como fuera recordado por los imputados en sus respectivos descargos, y formaba para del personal jerárquico de la empresa que asistía a las reuniones con los delegados gremiales”. Es decir, la complicidad de Blaquier con las fuerzas armadas nació mucho años antes y su máxima expresión fue “la Noche del Apagón”, que ahora se juzga.
 
José Alfredo Martínez de Hoz (h) también está incluido en el relato de Poviña, de quien recuerda que “se convirtió en ministro de Economía de la provincia de Salta durante la Revolución Libertadora y en el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963, fue nombrado secretario de Agricultura y Ganadería y ministro de Economía, cargo que retomaría con la dictadura militar de 1976”.
 
Poviña incluye en el auto de procesamiento documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EE UU en los años del gobierno de Jimmy Carter. En esa época, la relación de la dictadura que comandaba Jorge Videla con el país del norte era compleja y tensa.
 
En esos documentos se comprueba “la relación entre empresas y fuerzas militares”, pero también la exigencia de una mayor represión por parte de los industriales. “Creemos que, en general, hay un alto grado de cooperación entre los directivos y las agencias de seguridad –cita el documento transcripto por el juez– dirigido a eliminar terroristas infiltrados en los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial”.
 
Carlos Cardozo, ex asesor del médico desaparecido Luis Aredez (uno de los casos por lo que se juzga al industrial), advirtió que, a pesar de la “abrumadora” cantidad de pruebas que existen contra Blaquier, se avecina “una ofensiva mediática y jurídica”. No se equivoca tanto. De hecho, los abogados del procesado emitieron un comunicado, que lleva el logo de Ledesma, donde sostienen que apelarán la decisión del juez porque se realizó “sobre la base de una interpretación sesgada del contexto histórico vigente hace cuarenta años y sin pruebas suficientes”.

Era hora de empezar a hablar seriamente de esto. Lo celebramos.

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