Decanos de carreras comunicación se pronunciaron contra las “maniobras corporativas” que impiden la designación del magistrado que debe fallar sobre el pedido de inconstitucionalidad formulado por Clarín, sobre el artículo que los obliga a desinvertir.
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| Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata |
Una decena decanos de universidades nacionales y directores de carreras comunicación social de distintas regiones del país rechazaron hoy las "maniobras corporativas" en el Consejo de la Magistratura para impedir la designación del magistrado en el juzgado número 1, que debe fallar sobre el pedido de inconstitucional formulado por el grupo Clarín, sobre el artículo que los obliga a desinvertir.
La mayoría de las referentes en comunicación social se refirieron a la frustrada reunión del Consejo de la Magistratura en que se debía tratar las ternas para ocupar cinco juzgados federales, entre ellos el que debe fallar sobre la cláusula de desinversión (artículo 161) de la Ley de Medios objetada por el Grupo Clarín.
“Rechazamos toda maniobra corporativa vinculada a los intereses particulares de un grupo empresario que obstaculice la actuación de la justicia”, sostuvo el director de la carrera de Comunicación Social de la UVA, Glenn Postolski, en elíptica referencia a los esfuerzos del Grupo Clarín por boicotear el nombramiento de jueces para lograr que sea un magistrado subrogante quien determine sobre el caso.
Además remarcó que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es producto de la participación activa de miles de argentinos, por eso su plena vigencia implicará un salto cualitativo en la construcción democrática de nuestra sociedad”.
La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintout, remarcó que “las maniobras corporativas que pretenden que el doctor Raúl Tortti sea designado como magistrado subrogante cuando ese Juez preopinó en la causa Fibertel a favor del multimedios Clarín es atentar contra la posibilidad que una ley de la democracia sea aplicada para asegurar la el derecho a la comunicación del pueblo argentino”.
En la misma línea señaló que “una ley de la democracia como es la Ley de Medios Audiovisuales requiere que los mecanismos consagrados para la designación de jueces funcione como el derecho lo establece y no como quienes se benefician de prácticas monopólicas quieren: no se puede ser juez y parte”.
Hacia el final de su comunicado enfatizó: “Repudiamos que quienes dicen defender la institucionalidad no teman atentar contra la misma cuando se trata de defender sus posiciones de privilegio”.
El director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, Daniel Badenes, analizó que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es acaso la norma más democrática y legítima de nuestra historia reciente” al tiempo que lamentó que “hoy está atrancada en manos del poder menos democrático de la República, que por estos días exhibe sus maniobras más oscuras”.
En esa dirección sostuvo que “contribuyen a eso (a trabar la Ley de Medios) quienes pretenden que una traba crucial sea resuelta por un juez 'subrogante' y, quienes apuntalan para ese rol a un magistrado que ya actuó en otra oportunidad a favor del mayor conglomerado mediático del país”.
La directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta, Alejandra Cebrelli, llamó a la sociedad a expresar su “más enérgico repudio” frente a “las evidentes manipulaciones políticas que la oposición está llevando a cabo para impedir la designación de jueces desconociendo los concursos realizados en el marco de la ley”.
Al mismo tiempo destacó que “es importante no perder de vista que la Ley de Medios construye un escenario comunicacional casi único en América Latina en tanto posibilita la toma de la palabra de la ciudadanía en y desde la diversidad y la diferencia sociocultural, más allá de los lugares y de las jerarquías que se ocupen en la sociedad argentina”.
Desde la dirección de la Carrera Comunicación Social (Sede Tartagal) de Universidad Nacional de Salta, Liliana Lizondo, recalcó que “con la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la posibilidad de una comunicación democrática podrá ser una realidad que deje sin lugar a la visión del mundo desde una sola mirada”.
Desde ese punto de vista explicó que “lo que para algunos es una posibilidad -liberadora- para otros es un riesgo que no estás dispuestos a correr, de ahí el largo proceso de impedimentos judiciales para la aplicación de la ley”.
En ese contexto señaló que “el desconocimiento de un concurso ya sustanciado, el nombramiento de un juez jubilado o la rotación semanal de jueces son claras muestras de la voluntad de impedir que la ley salga de los juzgados y comience a circular en los medios públicos, comunitarios o privados”.
Al mismo tiempo destacó que “el grupo monopólico, sabiendo que el tiempo les juega en contra y que el próximo 7 de diciembre debe comenzar el proceso de desinversión, no desconoce estos ardides judiciales y los utiliza en su favor. Sabe que perderá poder económico y mediático y por eso utiliza cualquier estrategia judicial que alargue la decisión de la Justicia”.
Por su parte, la directora del departamento de Ciencias de la Comunicación de la universidad Nacional de Jujuy, Alejandra García Vargas, profundizó sobre el largo proceso de debate a lo largo y a lo ancho del país mediante el cual se gestó el texto de la nueva ley y sostuvo que “quienes vivimos en el extenso territorio de Argentina sabemos que la comunicación tiene hoy en nuestro país una norma que la regula, y que nos incluye en un proyecto nacional comunicacional del que, hace muy pocos años, quedábamos lejos y éramos inviables”.
Desde esa perspectiva remarcó que “hoy la coyuntura exige que quienes compartimos la convicción en una comunicación plural, democrática y equitativa, y en esa convicción hemos trabajado día a día para la sanción de esta ley ejemplar en Latinoamérica y el Mundo, reclamemos específicamente la designación de un juez titular imparcial por parte del Consejo de la Magistratura, y resistamos toda intención de obstaculizar el cumplimiento de ese urgente derecho”.
Sobre el final de su texto advirtió: “Rechazamos la designación de un juez que preopinó a favor del grupo comunicacional más concentrado de Argentina; denunciamos las interesadas maniobras de este grupo para mantener sus privilegios; y lamentamos comprobar una vez más que partidos y agrupaciones, otrora comprometidos con la convicción de que es necesaria una comunicación democrática para construir una sociedad mejor, alienten una situación contraria al derecho constitucional de un juez natural para toda causa”.
No podemos menos que sumarnos, desde Currín On Line, al rechazo casi unánime que surge en el ámbito educativo para con el detestable accionar de las corporaciones.
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