ASÍ LO DISPUSO EN SU FALLO EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL NÚMERO 2 POR CONSIDERARLOS PENALMENTE RESPONSABLES EN EL CHOQUE DEL TREN QUE CAUSÓ LA MUERTE A 51 PERSONAS EL 22 DE FEBRERO DE 2012. EL MAQUINISTA, MARCOS CÓRDOBA, TAMBIÉN RECIBIÓ UNA PENA DE TRES AÑOS Y SEIS MESES.
El ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, fueron condenados ayer a nueve y ocho años de prisión respectivamente, la mayores condenas en el juicio por la el choque de un tren contra una cabecera de la estación de Once que el 22 de febrero del 2012 causó la muerte de 51 personas y heridas a 789.
Por su parte, el anterior secretario del área, Ricardo Jaime, fue condenado a una pena única de seis años de prisión por supuesta administración fradulenta, mientras que el maquinista Marcos Córdoba recibió una condena de tres años y seis meses de prisión, con siete de inhabilitación para conducir por el estrago culposo.
Los familiares de las victimas del choque de la formación Chapa 16 que colmaron la sala de audiencias y las puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002 recibieron el fallo con satisfacción, ya que pese a ser levemente inferiores a las pedidas por los fiscales, serán de cumplimiento efectivo.
El tribunal prohibió la salida del país de los 21 -condenados sobre un total de 28 imputados- ya que el resto fue absuelto, pero ninguno quedó detenido porque las condenas se harán efectivas una vez que queden firmes.
La mayoría de los empresarios vinculados a la ex concesionaria y los ex funcionarios fueron condenados con penas de entre ocho y cuatro años de prisión, ya que se dio por probado que cometieron los delitos de administración fradulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo.
El TOF2, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Ana D'Alessio, ordeno también que se investigue la supuestas responsabilidad del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la comisión del delito de defraudación al Estado por el pago de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al control de las formaciones.
Los fundamentos de la condena serán dados a conocer el 30 de marzo próximo y seguramente serán apeladas ante la Cámara Federal de Casación Penal antes de llegar a la Corte Suprema.
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