sábado, 9 de mayo de 2015

El secretario de Derechos Humanos pidió dejar atrás las viejas doctrinas de las fuerzas policiales

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, instó a construir “una nueva agenda de seguridad” que deje atrás las viejas doctrinas de las fuerzas policiales y pidió que no se discrimine a los pobres- Fue al abrir el 3er. Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular en el Congreso, con motivo del Día de la Lucha contra la Violencia Institucional.


Fresneda estuvo a cargo de la apertura del encuentro que se realizó en el Salón de Pasos Perdidos junto a la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez y los diputados nacionales Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria), y que incluyó además una serie de paneles que se llevaron a cabo en los diferentes salones del Congreso, de los que participaron funcionarios y referentes de organismos de derechos humanos.

En la oportunidad, Fresneda aseguró que “estamos en una nueva etapa en la Argentina para poder debatir sobre qué está pasando con nuestras fuerzas de seguridad y construir una nueva agenda” y consideró que el Estado “debe dejar atrás los vicios, las viejas doctrinas que pretendieron refundar la patria dejando un enorme sufrimiento a la Argentina, en los ’70, con la doctrina de la seguridad nacional”.

En esa línea, el funcionario pidió que “se deje de discriminar a los pobres” y agradeció al gobierno nacional que, dijo, “convocó a los parias, a los que luchamos y peleamos por justicia y a todos los que estábamos en ese subterráneo de la Argentina”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, puso de relieve “el modelo de seguridad democrático y popular” que lleva adelante el gobierno nacional y destacó la incorporación de tecnología a las fuerzas de seguridad y la creación del cuerpo de prevención barrial, formado en parte por vecinos de los barrios.

“Hemos crecido mucho en estos años y queremos convocarlos a denunciar, sancionar y participar en la reconstrucción de fuerzas federales para que nos contengan y abracen y prevengan el delito de forma solidaria”, aseveró la ministra, quien hizo referencia a que “el principal problema es la estigmatización a determinados sectores de la población”.

Sostuvo además que esa “estigmatización” está vinculada a “la impunidad y el silencio” y explicó que “como Estado nos cabe la responsabilidad de generar mecanismos y dispositivos de protección a las víctimas” de los abusos policiales.

Previamente, el diputado Horacio Pietragalla Corti (Frente para la Victoria) sostuvo que el Poder Judicial “es el que discrimina, pone en duda la situación de violencia institucional y desde donde se intenta juzgar a pibes inocentes” y puso de relieve la necesidad de replantear la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de democratización de la justicia.

También, el diputado porteño Pablo Ferreyra (FPV) aseguró que “gracias a las políticas iniciadas en 2003 hoy no se puede dejar de escuchar a las familias de las víctimas: hemos logrado que se les haya dado identidad a nuestros jóvenes” y cuestionó al jefe de gobierno porteño, Mugrizio Macri, por reprimir a trabajadores de cooperativas de cartoneros, al sostener que “está en las antípodas de los que estamos acá”.

Uno de los organizadores del encuentro, el diputado nacional Leonardo Grosso (Frente para la Victoria), consideró que “la posibilidad de construir seguridad democrática tiene que ver con construir poder popular” y afirmó que “a los pibes pobres la justicia no les cree, no los escucha”, a la vez que ponderó al gobierno nacional “por cerrar los números con la gente adentro”.

En este primer panel estuvieron presentes además la senadora provincial y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Mónica Macha; la titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, Victoria Montenegro.

Entre los participantes del encuentro estuvieron el precandidato presidencial del Frente para la Victoria y ex canciller Jorge Taiana, además de funcionarios de diferentes ministerios y diputados nacionales, representantes de Madres del Dolor, y de organismos de derechos humanos.

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