La jueza Patricia López Vergara le dio un plazo de 24 horas al gobierno porteño para que notifique a las empresas responsables que se abstengan de construir. Reclama que se garantice la conservación del patrimonio histórico.
El inminente arranque de la construcción del nuevo Centro Cívico en los terrenos del Hospital Neuropsiquiátrico José Borda sumó otro obstáculo legal. El sexto juzgado contencioso de la Ciudad, a cargo de Patricia López Vergara, le dio 24 horas de plazo al gobierno porteño para notificar a la unión transitoria de empresas integrada por Teximco SA, EMA S.A. y DAL construcciones S.A. que "se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento de los inmuebles y jardines aledaños" a la institución médica.
La medida frena una obra pública licitada en 369,4 millones de pesos, a partir de un amparo presentado el viernes por el titular de la Junta Interna de Delegados de los Talleres Protegidos de Rehabilitación de Salud Mental del Borda, Marcelo Frondizi, junto al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López. Ambos pidieron la suspensión de los trabajos hasta que sean sometidos a "los organismos competentes relativos a la protección del Patrimonio Histórico".
El sexto juzgado está de turno desde el miércoles pasado por siete días, y por eso interviene en este nuevo caso, patrocinado por el defensor general Mario Jaime Kestelboim, su adjunto interino y titular de la Unidad Especial Temática "Patrimonio Histórico" Roberto Andrés Gallardo y la Defensora de Cámara subrogante Mariana Pucciarello.
En la resolución, la jueza habilitó el trámite en horario inhábil, ante la serie de indicios en el predio del barrio de Barracas, del próximo inicio de las obras. "Nada más estéril y doloroso que una justicia que arriba irremisiblemente tarde a la consumación de un daño", sostiene la medida cautelar que se ampara en el valor histórico del predio y en el pedido de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos Históricos al jefe de gobierno, Mugrizio Macri, "para que se abstenga de realizar tareas hasta tanto se expida el organismo".
A principios de septiembre, la magistrada Fabiana Schafrik, del quinto juzgado porteño, se negó a conceder un amparo presentado por los legisladores porteños María Elena Naddeo, Virginia González Gass, Aníbal Ibarra y Fabio Basteiro. Habían denunciado el peligro del cierre de los talleres protegidos y el remplazo de "los actuales neuropsiquiátricos por una veintena de centros de internación ubicados en distintos puntos de la ciudad". La jueza no hizo lugar al planteo y los querellantes apelaron ante la Cámara. Sin embargo, en esta nueva demanda, López Vergara hizo lugar al amparo, esta vez basado en la Ley Nacional de Protección Patrimonial 25.743, y en las porteñas 1227, 2390 y 3538 que catalogó al Hospital Borda como de protección ambiental y ámbito consolidado.
Pero la clave está en un detalle que surge del millonario pliego de condiciones, cuando le ordena "al contratista la obligación de entrega de todos los objetos de valor científico o arqueológico" que fueran encontrados. La cita proviene del artículo 2.8.2 de la licitación y, para la jueza, ese punto "reconoce la posibilidad cierta de que en el predio en donde se realicen las excavaciones para la construcción del centro cívico existen restos arqueológicos de valor histórico".
La resolución también advirtió la violación a la ley porteña 123, que establece una serie de estudios de impacto ambiental nunca realizados por la comuna. Hace dos meses, Schafrik también había reparado en eso, pero sólo dijo que "debería darse cumplimiento al procedimiento".
Ahora, habrá casi 370 millones de pesos en juego y el futuro de una de las obras más importantes de la gestión PRO.
El Borda sigue resistiendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario