La presentación de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), junto a otras organizaciones de derechos humanos se suma a la formulada por la presidenta del bloque del FpV-PJ bonaerense, Cristina Fioramonti, contra los magistrados Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués.
El pedido constituye el segundo escrito contra los mismos integrantes de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires que se pone a consideración del Consejo de la Magistratura de la provincia.
"Fundamentalmente, el fallo revictimiza al niño y vulnera los derechos consagrados en la Convención y la Ley de Protección Integral", aseguró a Télam Esteban Paulón, presidente de la FALGBT.
Para el activista "es inadmisible que consideraciones sobre la orientación sexual e identidad de género puedan resultar relevantes para atenuar una pena" y recordó que "en el caso de abuso sexual, en nuestro sistema legal no hay consentimiento posible en los menores de edad".
"Por otro lado, este planteo por el cual pareciera que la gravedad del ultraje disminuye en la medida que se reitera situación de abuso queda a la puertas de plantear que la responsabilidad es del niño: el delito no es menos grave porque sea reiterado", agregó.
Por todas estas razones, para Paulón "esta gente no puede seguir detentando un cargo en la Cámara de Casación desde el cual deciden, con criterios totalmente discriminatorios, misóginos y prejuiciosos, sobre la vida, la libertad y la integridad de millones de bonaerenses".
Por su parte, consejero por la Legislatura porteña en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, José Machaín, aseguró que el fallo cuestionado "visibiliza que en la Justicia hay resabios todavía del viejo paradigma del patronato según el cual el niño no era sujeto de derechos sino objeto de intervención".
"El caso marca una vez más la necesidad de la democratización de la Justicia y de la incorporación, en todos los estamentos del sistema Judicial, del actual paradigma de la protección integral", afirmó el funcionario.
Elaborada por el penalista Alberto Bovino y la abogada de la FALGBT, Flavia Massenzio, la presentación es impulsada también por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, y por Machaín.
Entre las organizaciones que acompañaron con su firma este pedido se encuentran la Mesa Nacional por la Igualdad; el Registro de Abogados de los Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el Laboratorio de Políticas Públicas; y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn).
Además, la FALGBT inició una campaña para sumar adhesiones ciudadanas a la presentación, ya sea virtualmente a través de una plataforma online o mediante la presentación de un escrito siguiendo un modelo predeterminado.
Hace casi un año, los integrantes de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal Bonaerense produjeron un fallo en el que aseguran que "efectivamente el imputado ha tenido para con este infortunado niño comportamientos lascivos", pero terminan reduciéndole la pena de seis años a tres años y dos meses, por considerar que el abuso sexual no resultó "gravemente ultrajante" en virtud de "la familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera", su "precoz elección sexual" y los antecedentes de abusos anteriores.
El primer pedido de juicio político contra estos dos magistrados por este polémico fallo fue presentado por presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ del Parlamento bonaerense, Cristina Fioramonti.
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