Piden la detención de Blaquier

El fiscal que interviene en la causa por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en Jujuy, pidió la detención del empresario Carlos Pedro Blaquier. Al titular de Ledesma se lo acusa de haber colaborado en la desaparición y asesinato de personas durante la dictadura militar.

En concreto, se imputa a Blaquier responsabilidad en el apagón simultáneo ocurrido en las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, conocido como Pueblo Ledesma, y las vecinas Calilegua y El Talar, entre el 20 y 27 de julio de 1976, cuando fueron secuestrados por personal uniformado 27 vecinos y trabajadores de la empresa, varios de los cuales fueron cargados, según testimonios, en camionetas de la firma Ledesma.

El juez federal de Jujuy, Fernando Poviñas, deberá decidir en las próximas horas si acepta o rechaza la solicitud del fiscal Pablo Pelazzo, quien basó su pedido en los libros del Escuadrón 20 de Gendarmería, con asiento en Orán, donde aparentemente figura el movimiento de vehículos del ingenio Ledesma, propiedad de Blaquier, el 24 y 25 de marzo de 1976.

Testigos y sobrevivientes aseguraron que al menos una parte de los traslados de personas que luego desaparecieron se habrían hecho en vehículos de la empresa de Blaquier. Según indican, dentro de los predios pertenecientes a la planta fabril de Ledesma, en Libertador General San Martín, se encuentra una delegación de la Gendarmería donde supuestamente estuvieron personas secuestradas, que luego fueron trasladadas a otros centros de detención.

Aunque la empresa Ledesma aseguró en un comunicado que “no prestó ninguna camioneta para operaciones militares”, varios libros foliados y preservados como prueba por el Tribunal Oral Federal de Salta en otra causa describen el tránsito de un automóvil y dos camiones con los “números 59 y 69” pertenecientes a la empresa de Blaquier en un centro clandestino de Orán.

El miércoles de la semana pasada, Blaquier fue indagado por primera vez a través de una teleconferencia, ya que el juez actuante aceptó las causales médicas invocadas por la defensa para no viajar y apeló al procedimiento para no cancelar la tercera citación del empresario.

En la ocasión, el empresario “negó todos los cargos y entregó un escrito”, indicó una fuente con acceso a la causa. “No hay absolutamente ninguna circunstancia que lo vincule con hechos atroces y aberrantes cometidos durante la última dictadura militar”, declaró a la prensa el defensor Jorge Valerga Aráoz, uno de los integrantes de la Cámara Federal que condenó a los comandantes en 1985.

Ojalá se haga justicia.