miércoles, 15 de agosto de 2012

Cronología del traspaso del subterráneo a la Ciudad

La polémica por el traspaso del subte comenzó en noviembre del año pasado, cuando el Gobierno Nacional anunció el pase de la operación del servicio a la órbita de la Ciudad, que primero aceptó y luego dijo que no.

Más allá de lo ocurrido desde noviembre, el tema tiene sus antecedentes políticos y jurídicos: normas que a lo largo del tiempo establecieron que los subtes son un servicio público propiedad de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los antecedentes más destacados pueden mencionarse a los decretos-leyes de la Dictadura que crearon la empresa "Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado" (SBASE), y transfirieron su paquete accionario a la entonces Municipalidad de Buenos Aires.

Luego, ya en democracia, la sanción de la ley 23.514 en 1987, creó el "Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos".

También están los decretos del Gobierno de la Ciudad (ya Autónoma), y las leyes de la Legislatura local, que admitían la potestad de la Ciudad para fiscalizar y controlar el servicio, y hasta la disposición de reducir de 8 a 6 horas la jornada laboral de los trabajadores del subte, por tratarse de un trabajo insalubre. Casi un digesto jurídico que ha ido siempre en la misma dirección: los subtes son de la Ciudad.


En noviembre del año pasado, el Gobierno Nacional anunció su intención de traspasar los subtes a la Ciudad, con el objetivo de cumplir con la ley. En un principio, el Gobierno de Mauricio Macri aceptó: se habló de un cronograma tentativo para instrumentar el traspaso, y hasta se aumentó la tarifa un 127%.

Sin embargo, de un día para otro, la Ciudad hechó todo para atrás y el camino se empezó a empantanar.

Las consecuencias de esa negativa están a la vista: un paro de 10 días, porque los trabajadores aún no pudieron sentarse a discutir su negociación paritaria anual; una empresa (Metrovías) que mira para otro lado y sostiene que hasta que no se le garantice el dinero para pagar los sueldos no piensa aumentarlos, y un gobierno local que se sigue negando a asumir su responsabilidad.

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