miércoles, 4 de julio de 2012

Los enfermeros acusan al SAME de poner en riesgo la salud pública

Reclaman que las ambulancias cuenten con un profesional de enfermería, como lo indican varias normas vigentes. Señalan también a empresas privadas. Según el Ministerio de Salud porteño, “el reglamento interno no lo exige".

En la Argentina el déficit en personal calificado en enfermería no sólo genera una desproporción absurda, con respecto a su relación con la cantidad de médicos y habitantes, en una cifra inversa a la sugerida por la OMS, sino también un riesgo para la salud.

Enfermeros agremiados en distintas organizaciones dicen que sistemas de emergencia como el de la Ciudad de Buenos Aires (SAME) además “incumplen” las normativas vigentes ya que su dotación carece de enfermeros, al menos en las unidades móviles, cuando hay leyes y disposiciones que así lo establecen.

“Se está poniendo en riesgo la salud pública, no brindándole las condiciones adecuadas ante una emergencia”, afirmaron desde Enfermeros Argentinos Autoconvocados, que junto con la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE) presentaron a mediados de junio una queja ante la Defensoría del Pueblo en la que solicitan “intervención e investigación respecto al funcionamiento del SAME” ya que “las ambulancias que ante un llamado al 107 acuden a la asistencia de un paciente no llevan enfermeros en su dotación”. Señalan que según notas publicadas sobre el SAME, queda claro que “no tienen enfermeros en su plantel”.

Un chofer de ese servicio médico confirmó bajo estricta reserva que “le doy una mano al médico, por ejemplo en ponerle un collar al accidentado, pero yo no tengo título de enfermero, y sin embargo terminó siendo una obligación”. El conductor recordó que le tocó cubrir la tragedia de Once, situación en la que “los choferes tuvieron que ayudar a los heridos, uno colabora desde la parte humana, pero no corresponde”.

La Resolución 794/1997 del Ministerio de Salud de la Nación, ratificada en 2008, de Normativa para Móviles de Traslado Sanitario, dispone en el apartado sobre “esquema operativo de sistemas de emergencias” que “para móviles de traslado de pacientes de moderado y alto riesgo y pacientes neonatos y pediátricos la dotación será de: conductor, enfermero y médico”.

A su vez, el artículo 12, inciso b, de la Ley porteña 1883, sobre la dotación de personal en las Centrales de Emergencia del SAME, exige que haya “telefonista, médico de emergencias, técnico operativo en transporte y enfermero” en las bases periféricas.

La Ley 1850, sancionada en 2005, que regula la prestación de todos los servicios de ambulancias en la Ciudad, indica en su artículo 5º, inciso g, que los sistemas de emergencia deben “garantizar una dotación mínima de personal por ambulancia constituida por médico especializado en la atención de la urgencia o emergencia médica, enfermero y chofer, siendo optativo contar con camillero”.

Desde el Ministerio de Salud porteño, sin embargo, afirmaron que “el reglamento del SAME no dice que las ambulancias tienen que salir con un enfermero”. El vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, acaba de ingresar un proyecto de ley que parte de la oposición porteña señaló como privatizador del SAME, que modifica la dotación y plantea la derogación de la Ley 1850 porque “nunca se reglamentó”, aunque muchas leyes no lo necesitan para entrar en vigencia. Desde el Centro Documental de Información y Archivo Legislativo de la Ciudad (Cedom), afirmaron sin embargo que “tal como está archivada, la ley está vigente”.

Eduardo Arellano, de los Autoconvocados, presentó además dos denuncias, una a finales del año pasado en el Ministerio de Salud de la Ciudad, y otra en marzo pasado, en el de Nación, en los que señaló al SAME y a empresas privadas, por “propiciar el ejercicio ilegal de la enfermería”, al “utilizar personal auxiliar o choferes para tareas de enfermería”, en lugar de profesionales, habilitados por título terciario o licenciatura universitaria. “Se responsabiliza a Swiss Medical, Vittal, Ecco, Medicus, Emergencias SA, SAME y a ATSA de los daños y potenciales riesgos que pudiesen ser víctimas las personas asistidas bajo esta modalidad”, dice el texto.

En la mayoría de los sistemas, la dotación media de las ambulancias es sólo de un médico y un chofer, a quienes algunas empresas privadas dan cursos de auxiliar de enfermería, según los testimonios recogidos.

El artículo 3º de la reglamentación de la ley nacional de ejercicio de la enfermería establece las prácticas autorizadas a los “profesionales” y delimita las tareas de los auxiliares. A estos restringe la posibilidad de tareas llamadas “invasivas”, como colocación de sondas o inyecciones. Los enfermeros señalan que en el sistema “hay muchos auxiliares trabajando como profesionales” y que sin la formación adecuada se puede “causar un daño al paciente, incluso la muerte”, advirtió Viviana Ramírez, presidenta de ALE y enfermera del Hospital Rocca, de la Ciudad.

“Además no tenemos un órgano de control con poder de policía a donde reclamar por el ejercicio ilegal de nuestra profesión”, lamentó Iván Sotomayor, que trabaja en el Álvarez y es secretario gremial de la misma institución, con casi diez años de vida y 500 socios del sistema público porteño.

La sede de ALE, en el Bajo Flores, fue el espacio donde enfermeros de todo el país debatieron un anteproyecto de reforma de la ley nacional. Después de un año de conversaciones, en las que también participaron el sindicato de enfermeros de Tierra del Fuego, la Federación Argentina de Enfermería (FAE) y docentes de la escuela de enfermería, acaban de culminar la redacción de un texto que entregaran al diputado nacional Jorge Rivas, con quien acordaron su presentación en el Congreso.

El proyecto propone la creación de la Dirección Federal de Enfermería y establece la obligatoriedad de denunciar violaciones de las normas, declara a la actividad como trabajo insalubre y garantiza mejores condiciones laborales y previsionales.

Si hay que esperar que este problema lo solucione el gobierno del PRO, los enfermeros están al horno y con papas.

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